Editorial

Con blanqueos a corruptos, el país se expone a volver a la lista gris

Mientras se aprueban nuevas leyes para mostrar supuestamente la voluntad de las autoridades paraguayas de combatir el lavado de dinero y no volver a ingresar en la lista gris de los países sancionados por el GAFI, por otra parte, la Justicia, en connivencia con el poder político, ha ido blanqueando uno por uno, en las últimas semanas, a los acusados en algunos de los hechos más emblemáticos de corrupción. El polémico caso de los audios filtrados, el del llamado mecánico de oro y el del negociado con las tierras de San Agustín son algunos de los escándalos que llegaron a juicio y sus principales responsables prácticamente quedaron absueltos o merecieron exiguas penas, ante la indignación ciudadana. Los intereses electorales y las connivencias del poder pesan más que la necesidad de salvar al país de otra sanción que puede afectar severamente a las relaciones internacionales.

El Paraguay se encuentra actualmente en pleno proceso para someterse a una evaluación mutua ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que las autoridades del país deben defender los avances en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante sus pares o países miembros, para evitar que se vuelvan a recibir sanciones, ingresando a la llamada lista gris de países que incumplen con las normas establecidas.

Aunque, a nivel político, se han aprobado paquetes de nuevas leyes que aportan instrumentos para tratar de dar una imagen de lucha contra estos delitos, varias sentencias conocidas en las últimas semanas sobre casos emblemáticos de corrupción demuestran que, en la práctica, no hay mucha voluntad en el sistema de Justicia, de imponer sanciones estrictas a personajes corruptos.

Por el contrario, en una clara connivencia con influyentes padrinos políticos, en un año que estará marcado por carreras electorales, se han otorgado muchas formas de blanqueo, consagrando niveles de impunidad que resultan asombrosos e indignantes. Es el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que involucra al ex senador colorado Óscar González Daher y sus socios, por tráfico de influencias. Los jueces le aplicaron una pena muy leve, logrando que no vaya prisión, con la suspensión de la condena.

El ex legislador afronta otro juicio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, que hasta ahora no ha podido realizarse debido a dilaciones. En la última ocasión, el juicio se suspendió por un informe de que González Daher y su hijo, el concejal de Luque Óscar González Chaves, han dado positivo a la prueba de Covid-19 y deben guardar cuarentena.

A ello se suma la exigua condena de dos años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito —que, en la práctica, será de apenas seis meses—, otorgada a Miguel Ángel Carballo, más conocido como el mecánico de oro, a quien se lo considera testaferro del ex senador colorado Víctor Bogado. En caso de que la sentencia quede firme, estará apenas seis meses en la cárcel. Carballo había ingresado como asesor de Bogado, con un salario de G. 12 millones. A pesar de sus limitados recursos, compró el shopping Vía Bella por G. 1.900 millones y un departamento de G. 450 millones en el Yacht y Golf Club.

Otro de los casos emblemáticos de corrupción, el del negociado de compras de las tierras de San Agustín del ex senador Jorge Oviedo Matto, durante el gobierno de Federico Franco, quedó también en el oparei debido a que los miembros del Tribunal de Sentencia decidieron dejar libres a los acusados. Al igual que en el sonado caso de Óscar González Daher y del propio Oviedo Matto, los jueces echan la culpa a una deficiente labor de los fiscales, aunque todo indica que el blanqueo de los corruptos y la consagración de la impunidad son ya un esquema establecido, cada vez más repetido en el vergonzoso sistema judicial.

Estas situaciones no ayudan en nada a que el Paraguay pueda librarse de volver a figurar en la lista gris del Gafilat, pero los intereses electorales y las connivencias del poder pesan más que la necesidad de salvar al país de otra sanción que puede afectar severamente a las relaciones internacionales.

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