Un video que se popularizó en las redes sociales mostraba el festejo con la actuación de la cantante Mily Brítez, quien habría ingresado al penal para ofrecer una pequeña serenata al interno que cumplía años. En la fiesta hubo música en vivo y bebidas alcohólicas.
Aquel cumpleaños en el penal de Tacumbú no es una anécdota aislada de nuestra realidad como país, sino todo lo contrario. Es la caricatura de un país donde funcionarios venales e instituciones débiles se han puesto al servicio del crimen organizado y el narco. En la misma línea de esta lamentable y preocupante conclusión se ubica el recientemente dado a conocer informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en Paraguay, en el cual señalan que la impunidad en el país es endémica entre los funcionarios de alto nivel del anterior y del actual Gobierno.
La investigación “Narcotráfico, posibles escenarios en el futuro cercano”, del sociólogo Carlos Aníbal Peris, advertía hace meses acerca de dos situaciones inquietantes: la expansión territorial de los narcotraficantes y su efecto en nuestra democracia. Señalaba el académico que la eventual irrupción en el Congreso Nacional, de personas ligadas directa o indirectamente al narcotráfico, se da como una consecuencia directa del escaso control en las campañas políticas, particularmente de los mecanismos de financiación. De acuerdo con el sociólogo, sin una política antidrogas clara y un mayor control en la financiación electoral, el narcotráfico se seguirá expandiendo en el Paraguay.
Resulta evidente que la Ley de Financiamiento Político no resulta suficiente para el control del dinero sucio en la política, sobre todo mientras no se pueda realizar la trazabilidad de los recursos que potencialmente ingresan a las campañas.
Por esta razón resulta saludable la iniciativa impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil y su proyecto Creer, para fortalecer el control ciudadano al financiamiento político, y combatir el dinero sucio de las organizaciones criminales que ingresa en las campañas políticas. Estas organizaciones subrayan el rol ciudadano en el proceso democrático y las debilidades institucionales del Estado para controlar la influencia del crimen organizado.
“A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de tres décadas, han persistido la debilidad institucionalidad y la baja calidad de la representación política en Paraguay como obstáculos importantes para la democracia. El contexto político actual se encuentra amenazado por una abierta intromisión del crimen organizado en las elecciones y en el sistema político en su conjunto, problemática por demás preocupante porque implica un perjuicio directo en la calidad de la representación política en este país”, señalan en un comunicado firmado por Semillas para la Democracia, Fundación CIRD, Ceamso, Decidamos, ReacciónPy, Conciencia Viva, Inecip, FedemPy, Tedic, IDEA y GEAM.
No caben dudas de que la situación que estamos atravesando resulta altamente peligrosa para el mismo Estado, por la fragilidad de sus instituciones, lo cual debilita también al sistema democrático. Por todo esto, la ciudadanía debe contar con herramientas que permitan ejercer un control del financiamiento político de sus candidatas y candidatos y poder denunciarlos.
Debemos combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción en las elecciones, debemos fortalecer nuestra democracia.
