Entrevista a Gerardo Gómez, Viceministro de Educación Superior
Por Pepe Vargas
jvargas@uhora.com.py
–¿Cuál es el origen de la crisis de la educación superior en nuestro país?
–El origen de esta crisis se remonta a la modificación de la Ley 136, de Universidades, a través de la Ley 2529/06 que, basada en una interpretación radical de la autonomía, estableció que el Congreso, para crear una universidad o instituto superior, ya no necesitaba el dictamen vinculante del Consejo de Universidades (CU), y estas instituciones podían habilitar por sí y ante sí sedes, filiales y carreras sin ninguna supervisión o control. Entonces se crearon universidades e institutos superiores prácticamente sin el análisis riguroso que todos deberían necesitar.
–¿Cuántas se crearon así?
–De 17 universidades creadas en esa época, 15 se crearon con el dictamen desfavorable del CU y dos ni siquiera pasaron por este organismo. Algunas realmente hicieron el esfuerzo por poner las condiciones mínimas para funcionar. Otras ofrecieron franquicias a terceros, con pocos criterios de calidad por parte de sus autoridades centrales, rectores o directores.
–Puede dar un ejemplo...
–Hay algunas instituciones que funcionaron con ese sistema. La Universidad Privada del Guairá (UPG), que está intervenida, por ejemplo. Recibimos la visita de los dueños de las franquicias porque tenían problemas de titulación y ellos mismos reconocieron que estaban pagando una franquicia a esa universidad.
–¿Quiénes compraban esos derechos?
–Eran personas que tenían un instituto técnico, o una pequeña academia de informática, las que compraban los derechos para usar el nombre de las universidades. Es igual a abrir un local de McDonald’s; como franquicias de empresas, se abrían filiales de universidades e institutos superiores.
–¿Cuántas instituciones están en esta situación?
–No sabemos, el Cones (Consejo Nacional de Educación Superior) es el que tiene que investigar eso, no tenemos la autoridad desde el MEC para solicitar ese informe.
Otra situación es que los institutos superiores prácticamente no tuvieron otra regulación más que su propia ley de creación. Cada ley se redactó de manera diferente y con muchas falencias legislativas. Por ejemplo: a algunos institutos se les dio amplia facultad para otorgar títulos dentro de un área del conocimiento, sin especificar en qué carreras; pero a otros se les limitó a expedir títulos solo en determinadas carreras (casos Interregional y Latinoamericano).
Recién después de la promulgación de la Ley 4995/2013 el Cones tuvo los instrumentos legales para regular las actividades de todas las instituciones superiores.
–¿Cómo se compone el mapa de principales grupos empresariales que acaparan la mayor cantidad de ofertas educativas en el sector?
–El Grupo Latino de Emprendedores ha publicado en su página web que tiene el patrimonio de nueve instituciones, cuyas filiales están en gran parte del país. Es conocido que la UIP (Unión Industrial Paraguaya) cuenta con una universidad, pero que funciona solo en una sede. No tiene una matrícula muy numerosa como para generar superávit.
Otras universidades proceden de grupos empresariales del exterior, del Perú, por ejemplo, aunque manifiestan que la universidad la sostienen como organización sin fines de lucro, pues sus ingresos los obtienen de actividades empresariales en otros rubros. El sistema que podría generar más dividendos es, sin duda, la venta de franquicias a terceros, actualmente prohibida por el Cones.
–¿No debería actuar de oficio la Fiscalía ante la escandalosa cantidad de ofertas educativas?
–Desconozco a cabalidad las previsiones del Código Penal en este punto, aunque debo decir que, si se admite –como lo ha hecho el Paraguay– que la educación es un bien público, los organismos jurisdiccionales deberían actuar para tutelar este bien común. En todo caso, el ministro (Enrique Riera) ya ha manifestado que va a acompañar cualquier denuncia ante la Fiscalía que realicen los estudiantes perjudicados.
–¿Qué políticos y parlamentarios están implicados directamente y qué vínculos tienen con estas universidades e institutos superiores cuestionados?
–El involucramiento de parlamentarios comenzó con la sanción ficta de la Ley 2529. Por tanto, corresponde al periodo legislativo 2003-2008. Esa ley fue vetada por el Ejecutivo, pero el Congreso, en mayoría, dejó que expirara el plazo y tuviera promulgación automática. Se le suele llamar también “Ley Marcos”.
Dos parlamentarios han admitido públicamente ser rectores de universidades: el diputado Víctor Ríos, de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), y el senador del Mercosur Juan Antonio Denis, de la Universidad Gran Asunción (Unigran).
Respecto a las instituciones cuestionadas, he recibido llamadas y visitas de parlamentarios de todos los partidos que me manifestaron su preocupación, pues egresados afectados de sus respectivas localidades han acudido a ellos porque no estaban recibiendo sus títulos, y porque los responsables de esas instituciones les decían que la culpa la tenía el Viceministerio de Educación Superior.
–¿Hay presión desde el Congreso para que no se intervengan o cierren las instituciones educativas?
–En una ocasión, una de las interventoras del Instituto Santa Librada (hoy clausurado) recibió una llamada –según lo manifestó ella– de un diputado donde este le alertaba acerca de algún impedimento legal para intervenir o entrar en una institución privada. Al menos esa fue la aclaración que posteriormente ofreció el mencionado diputado, cuando yo denuncié ese hecho ante la opinión pública. En los casos de los institutos superiores Latinoamericano e Interregional y de la Universidad de Guairá nunca he recibido presiones de parlamentarios.
Pero hay que tener en cuenta que es el Cones la autoridad para realizar esas intervenciones. Habría que preguntarles a ellos.
