La causa contra Rivas se inició luego de que este diario haya publicado una serie de reportajes en febrero de 2017, demostrando que el legislador Rivas tenía a tres personas trabajando para él en forma particular, pero cobraban sus sueldos con dinero público, figurando como funcionarios del Congreso.
El empleado Nery Antonio Franco, que cobraba G. 3.000.000 en Diputados, trabajaba a tiempo completo en la distribuidora Salto Cristal, en Ybycuí; Reinaldo Chaparro Penayo cobraba un salario de G. 2.000.000, pero cumplía tareas en la residencia de Rivas, en Lambaré, y Lucio Romero Caballero, que era capataz en una estancia del parlamentario en Mbuyapey, percibía G. 2.000.000 como funcionario de la Cámara. Los tres ya han sido condenados por estafa en un juicio oral por el caso, que culminó a finales de agosto pasado.
Recién en mayo del 2019, luego de más de dos años de abrirse la investigación, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Rivas y el Ministerio Público lo imputó por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Las denuncias y la presión ciudadana lograron que este caso vaya a juicio, pero hay varios otros que se encaminan hacia la impunidad. Entre ellos, el del senador colorado Javier Zacarías Irún, sobreseído en un proceso por lesión de confianza, al igual que su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod.
Un Tribunal de Sentencia absolvió la semana pasada a Raúl Fernández Lippmann y a Cristian León en el proceso que enfrentan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el caso de audios filtrados que evidenciaban la corrupción en la Justicia. Ambos resultaron absueltos.
Tampoco el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ni José Rodríguez (alias Joselo) llegaron a ser imputados, pese a las pruebas obtenidas tras el escándalo por el polémico acuerdo sobre Itaipú. Otro diputado colorado, Miguel Cuevas, obtuvo semanas atrás su libertad ambulatoria tras estar siete meses preso en la Agrupación Especializada por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El ex senador colorado Víctor Bogado planteó una acción de inconstitucionalidad que no fue resuelta hasta ahora por la Sala Constitucional. Había sido condenado en el caso de Gabriela Quintana por cobro indebido. Igualmente, los empresarios Justo Ferreira y Patricia Ferreira fueron beneficiados con arresto domiciliario en el caso investigado por presuntas irregularidades de la firma Imedic SA en la provisión al Estado de insumos médicos durante la pandemia.
Son solo algunos de los casos más conocidos, que dejan un sabor amargo para quienes reclaman justicia. Solo una ciudadanía organizada puede revertir otros vergonzosos episodios de impunidad.
