Esto, según resolvió ayer el juez de Garantías, Gustavo Amarilla Arnica, tras varios días de audiencia preliminar para los quince procesados que no presentaron recursos en la causa.
Otros seis, el actual senador liberal, Enzo Cardozo, el también ex ministro Rodi Godoy, más los procesados Maristela Azuaga Fleitas, María Lourdes Meza Vielma, Alberto Javier Riquelme y Marcela Fleitas no participaron de la audiencia.
Todos ellos tienen recursos pendientes en la Corte Suprema de Justicia, por lo que la causa se encuentra trabada y no puede realizarse la preliminar.
EL FALLO. El juez Amarilla admitió ayer la acusación y elevó a juicio oral el caso contra los procesados Luis Guillermo Piccardo, Ricardo Arias Arca, Lidio Esteban Irala, Silvio Cesar Riveros e Ignacio Acuña.
Asimismo, el magistrado dispuso la suspensión condicional del procedimiento para diez procesados. Todos ellos admitieron los hechos y pidieron ser beneficiados con esta salida procesal.
Los mismos son Gustavo Amarilla, Ceferino López, Alcira Arzamendia, Eligio Centurión, Cecilia López Romero, Javier Luna Pastore, Mario Arnaldo Riveros, Marcial Benítez, Rigoberto Rodríguez y Elva Centurión.
Los mismos realizarán donaciones mensuales, la mayoría de ellos por un año, para entidades de beneficencia, aunque los montos más altos serán depositados para el Ministerio de Hacienda.
LA ACUSACIÓN. Conforme la acusación fiscal, entre abril de 2012 hasta mayo de 2013, los acusados Silvio Riveros, Lidio Irala e Ignacio Acuña obtuvieron del MAG la suma de G. 700.000.000 correspondiente a lo recibido por los comités de Ybyty Roke y San Miguel, más la suma de G. 68.265.418.419. Con ello, totalizan G. 68.965.418.419.
Alegan que para obtener estas sumas de dinero, los acusados se valieron de resoluciones que autorizaban los desembolsos firmadas por los entonces ministros Enzo Cardozo y Rodi Godoy.
Dice la fiscalía que el dinero desembolsado provenía de los fondos del MAG, para el cumplimiento de una finalidad específica, para los procesos agroproductivos. Es por ello que previo desembolso se requieren condiciones que lo justifiquen.
Según la acusación, tanto Enzo Cardozo como Rodi Godoy afirmaron falsamente en sus resoluciones que el dinero dispuesto por ellos sería destinado al fin establecido en las respectivas resoluciones, porque los desembolsos se dispusieron sin el respaldo de un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio financiero, que establezca la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos.
La acusación es por supuesta lesión de confianza, entre otros delitos, según sostiene el Ministerio Público a través de los fiscales Aldo Cantero y Martín Cabrera.