El proyecto pasa a la Cámara de Diputados, y de ser sancionada y luego promulgada por el Ejecutivo, se estará dando cumplimiento a los compromisos y obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos del Estado paraguayo, específicamente en lo relativo al derecho a la tierra ancestral de los pueblos indígenas, en este caso, 219 hectáreas en el distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.
El comisionado Stuardo Ralón Orellana, relator de la CIDH para Paraguay, indicó que el mecanismo de soluciones amistosas permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y los Estados, a fin de alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas del caso concreto y de amplios efectos en la sociedad.