Tras obtener una amplia mayoría en unos comicios en los que no participaron los principales líderes de los partidos políticos opositores, los diputados del oficialismo se instalarán en la Cámara en medio de la incertidumbre del reconocimiento de sus decisiones por parte de los países que apoyan a Guaidó.
El chavismo acusa a los diputados opositores de haber sustraído recursos de las empresas filiales de la estatal petrolera PDVSA en Colombia, y Monómeros, o Citgo en Estados Unidos, luego de que Guaidó, jefe del Parlamento hasta hoy, se proclamara en enero del 2019 presidente interino del país.
El líder opositor, que para entonces contó con el reconocimiento y el apoyo de más de cincuenta países, se declaró presidente, debido a que Maduro ganó unas cuestionadas elecciones en las que no pudieron participar los políticos tradicionales de oposición.
Desde ese momento, la disputa por el poder político en Venezuela, incluyendo al Parlamento, se acentuó y Guaidó prometió sacar a Maduro del poder y convocar a nuevas elecciones generales.
NO LOGRÓ OBJETIVO. Sin embargo, después de dos años, el líder opositor no logró su objetivo y por mandato constitucional se celebraron, como correspondía, elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre para un nuevo periodo, aunque con una serie de trabas para los opositores tradicionales que denunciaron un fraude, incluso, antes de la celebración de los comicios.
Asimismo, el máximo tribunal emitió una sentencia por la que inhabilitó a las directivas de los partidos opositores más populares y puso en su lugar a ex militantes que habían sido expulsados.
Por ello, los partidos políticos opositores sí formaron parte de los comicios, aunque sin sus principales figuras, y en respuesta el opositor Guaidó llamó a una consulta ciudadana, cuyo éxito fue dudoso, tras la participación de 5.794.267 personas, es decir, 456.813 electores por debajo de los emitidos en las legislativas.
De la consulta, el opositor no habló más y, en cambio, convocó a una sesión extraordinaria del Parlamento para el pasado 26 de diciembre a fin de discutir la extensión de sus funciones, aun cuando la Constitución haya dictado que deben terminar en enero de 2021. La prolongación de funciones, sin embargo, fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, al mismo tiempo, no es reconocido por el Parlamento liderado por Guaidó. Venezuela inicia así un nuevo periodo de disputa política en el que Guaidó mantiene la promesa de sacar del poder a Maduro durante este año, al mismo tiempo que el mandatario ha pedido a la nueva Asamblea que actúe para que sus adversarios sean procesados ante supuestos crímenes.
