Los funcionarios de la CGR afectados por presunta estafa cometida por las autoridades de dicha asociación mencionan que ya son más de cinco años de litigio, y con más dilaciones que respuestas positivas por parte de la Justicia. Los funcionarios exigen celeridad en la revisión de las apelaciones interpuestas por la defensa de los ex directivos.
El calvario de Eduardo Villalba, víctima querellante, se inició siete meses después de que entregó a dicha asociación un cheque por valor de G. 35 millones para liquidar sus cuentas con la entidad.
“Me llamaron todas las financieras a decirme que la Aso no honró mis cuentas y que debía volver a pagar”, señaló.
Según Villalba, el dinero que había entregado lo retiró como préstamo de una cooperativa a la que debía pagar G. 48 millones. A partir de ese momento tuvo que solicitar otros prestamos, porque los embargos se le vinieron encima.
“Por los embargos, llegué a cobrar G. 200.000 de mi salario, me obligó a endeudarme más de lo debido para poder dar de comer a mi hijo, yo mismo ya no comía, porque todo iba al pago de alquiler, Essap, ANDE y ya nada me quedaba. Tenía que vender cualquier cosa, empecé a hacer comida para vender (y tener un poco de ingreso)”, rememoró acongojado.
EMPEÑAR LA GARRAFA. Detalló que por ocho meses el embargo fue del cien por ciento de su salario. “Llegué al extremo de tener que empeñar mis electrodomésticos, hasta mi garrafa, para comprar comida, la pasé muy mal”.
Mencionó que hasta hoy no puede ofrecer a su hijo otro tipo de estudio que no sea el colegio, continúa llevando almuerzo a sus compañeros de la Contraloría, este trabajo le permite pagar sus estudios universitarios.
Y según la víctima, no ha podido recuperarse de la quiebra en que lo dejó la Aso, por culpa de las malas gestiones y malversaciones de los directivos de la asociación.
Otro querellante es Ignacio Giménez, quien manifestó que el fraude de la asociación causó inestabilidad económica y financiera en su familia.
“No podía realizar operaciones crediticias, ni de prestamos, ni sacar otros artículos. También afectó al pago normal de la universidad de mi hija, como también el colegio de mis hijos, por tanto, disminuyó considerablemente la calidad de vida de mi familia”, señaló la víctima.
EL CASO. Funcionarios de la CGR denunciaron en el 2017 un desvío de G. 1.500 millones por parte de las autoridades de la asociación.
De los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza resultaron afectados cerca de 320 socios, porque las autoridades de la entidad no honraron los créditos con las casas comerciales con quienes tuvieron acuerdos, pese a los descuentos mensuales de los salarios.
Fueron denunciados Adalberto Arévalos, actual director del área financiera de la CGR; Claudeline Yudice, presidenta de la Aso y actual jefa de equipo de auditorías; Fredy Núñez, administrador; Alberto Vargas, auditor y jefe de equipo en la CGR; y Édgar Ramón Cáceres, coordinador de auditorías.
Querellante dijo que las malversaciones realizadas por los ex directivos de la Aso le cuestan más de G. 100 millones y hasta vende almuerzos a sus compañeros para recuperar la estabilidad de su hogar.
“Complicidad entre juez y abogado”
La abogada Olga Rojas, funcionaria de la CGR y afectada directa, señaló que existiría una complicidad entre el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, y el abogado Santiago Brizuela, que aparte de desempeñarse como defensor de Adalberto Arévalos, uno de los imputados por el caso, es presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Asociación Nacional República (ANR).
Según manifestó para nuestro medio, el defensor dilata por varios medios para que el juicio no se realice, torciendo el debido proceso y litigando de mala fe.
Considera además inaudito, no solo que el juez se desvincula para volver a vincularse dudosamente, dejando de lado la preclusión de las etapas procesales, sino que da trámite escrito a un recurso que debe sustanciarse en forma oral, dejando de lado los principios de oralidad e inmediación que rigen el proceso penal.
“El juez Yoan Paul López debería dar explicaciones de su irregular actuación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo antes dicho y por haber guardado por más de seis meses un informe de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó Olga Rojas.
