Hasta el momento, seis propietarios de empresas denunciaron ante la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET) que hallaron sus facturas falsificadas en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central. Además, tres empresas que supuestamente facturaron sus servicios, no pudieron ser localizadas, es decir no existen.
Cabe recordar que las facturas se encuentran dentro de la rendición de cuentas de los gastos Covid que presentó el gobernador cartista, Hugo Javier González a la Contraloría General de la República. Cada gobernación contaba con un fondo de USD1 millón para la reactivación económica y equipamiento de hospitales.
El monto total de las facturas presuntamente falsificadas es de G. 416.230.917.
Se trata de las empresas Santo Domingo, AR Electricidad, Librería 4 Hermanos, Comercial 2M, VR Ingeniería SA y del arquitecto Augusto Barrail. No se descarta que pueda haber más casos.
En cuanto a las tres empresas que no pudieron ser halladas y sus facturas se encuentran en el documento, el monto asciende a G. 1.507.785.819
Si sumamos, obtenemos el monto de G. 1.924.016.73 y la SET se encuentra investigando todas las documentaciones presentadas. Además se aguarda que la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que administró casi todos el dinero, unos G. 5.105.600.000, entregue un informe detallado sobre todos los trabajos que realizó.
Uno de los casos resaltantes, es el de la empresa Asunción Ofertas que supuestamente realizó trámites ambientales para CIAP por más de G. 900 millones. Asunción Ofertas no existe.
El viceministro de la SET, Óscar Orué explicó que el trabajo será muy extenso y llevará por lo menos unos 6 meses determinar si hubo falsificaciones, de manera a comunicar al Ministerio Público.
El gobernador quiere deslindar responsabilidad y alega que quien debe explicar lo ocurrido es la Fundación CIAP. El representante de la fundación, el árbitro Tadeo Álvarez solamente atinó a decir que “no entrará en el juego político” y aseguró que “no hay facturas falsificadas”, mientras tanto continúan las denuncias.
Hugo Javier no responde sobre la factura donde el cliente es el Consejo Regional de Salud que él preside. Se trata de la supuesta compra de mobiliarios y portasueros para hospitales por valor de G.593 millones del Grupo Metalúrgico y Publicitario MG, donde en realidad se encuentra un taller que trabaja con camiones pesados y no una fábrica de los insumos facturados.
A su vez, los concejales departamentales leales al gobernador dejaron sin quórum la última sesión.