El caso inició en enero de 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción imputó a Portillo por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Todo esto luego de que saltaran a la luz pública una serie de audios que muestran la presunta intromisión del diputado en casos judiciales de Alto Paraná.
En uno de los audios, Portillo conversa con Auda Fleitas, quien estaba procesada por producción de documentos no auténticos y estafa.
La acusación fiscal señala que en esta conversación, el legislador le dice a la mujer que dos camaristas –de los tres que tenían su causa– supuestamente ya firmaron una resolución favorable a ella. Además, le pedía la supuesta la suma de USD 3.000 para ayudarla. Los miembros del tribunal de Apelaciones en cuestión eran Aniceto Amarilla, Myriam de Meza e Isidro González Sánchez, a quien supuestamente le faltaba firmar la resolución.
En la misma causa está procesada la abogada Lucía Escobar Santacruz, ex secretaria general de la Municipalidad de Hernandarias, también por tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Escobar actuó de nexo en las negociaciones.
TRANCADO. La acusación a ambos procesados finalmente fue solo por el delito de tráfico de influencias. Desde noviembre del año pasado, la jueza de la causa, Cinthia Garcete, no puede realizar la audiencia preliminar debido a incidentes pendientes de resolución en el Tribunal de Apelaciones.
Además de incidentes de la defensa, la Cámara de Apelaciones también debe resolver una apelación de la Fiscalía sobre los puntos de pericia a los teléfonos celulares de Portillo y Fleitas que se debe realizar como anticipo jurisdiccional de pruebas.
En su defensa, el diputado Portillo sostiene que se trató de un malentendido e incluso sus abogados anunciaron que denunciarían a Fleitas por grabar las conversaciones. El legislador admitió que habló con la mujer pero dijo que solo intentó ayudarla y que nunca hablaron de dinero.
Fue salvado de la destitución
Mediante votos colorados y liberales, la Cámara de Diputados archivó los pedidos de pérdida de investidura que pesaban sobre Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana en octubre pasado.
Rivas está procesado por presuntamente haber hecho figurar a caseros de sus propiedades como funcionarios del Congreso a su cargo, mientras que Quintana está acusado de tráfico de drogas en carácter de cómplice.
Ante la Cámara, Portillo sostuvo que en todo momento se sometió a la Justicia, por lo cual su destitución no correspondía. Finalmente, de los presentes 38 diputados votaron por el rechazo de la pérdida de investidura, mientras que 20 a favor y 10 se abstuvieron o votaron en blanco.