El defensor señaló que se realizó un crédito de USD 15 millones de una empresa extranjera a la asociación (1998 y 2001) y “ese crédito fue utilizado para comprar tierras de Puerto Casado”.
Supuestamente, al hacer un requerimiento para la devolución del préstamo, “ellos se vieron imposibilitados de pagar, entonces se reúnen en asamblea extraordinaria en el 2008, donde deciden honrar la deuda, dando en dación de pago todas las tierras”.
El abogado Volpe presentó el acta de la asamblea y notas que presuntamente Espíritu Santo hizo a bancos, explicando que el préstamo era en concepto de pago de tierras. “Pero ahora ellos desconocen el préstamo”, reiteró.
Detalló que, pese a que se firmó contrato de cancelación y dación de tierras, los directivos de la sociedad, al morir el reverendo Moon, desconocieron lo pactado.
SEGURIDAD. Explicó que la defensa de la asociación “de forma malintencionada está alegando que por ser empresa extranjera se viola la seguridad fronteriza. Eso es solo contra los extranjeros limítrofes y tergiversan esa parte”.
Citó la Ley 2532, que en el artículo 2 menciona que solo los oriundos de países limítrofes no pueden ser propietarios de inmuebles rurales.
AUDITORÍA. Explicó la auditoría a la jueza Tania Irún, de abril del 2019, no halló faltas administrativas. A pesar de eso, detalló que la Asociación trata de presionar a magistrados para condicionar el fallo.