Es el caso de Nery Antonio Franco González, quien recibe una remuneración de G. 3 millones como funcionario contratado en el cargo de asistente del legislador, cumpliendo, según planilla, un horario de 7:30 a 13:30. Ingresó en el año 2016 como chofer, pero siempre estuvo en el distrito de Ybycuí, según reveló en el 2017 una investigación de Última Hora.
Igualmente, Reinaldo Chaparro Penayo continúa percibiendo G. 2.800.000 como contratado, también como asistente de Rivas, en un horario de 7:30 a 13:30. Su fecha de ingreso en la Cámara de Diputados se registró en el año 2013. La investigación reveló que la mayoría de las veces estaba en la zona de Panambiretá, en Lambaré, donde está ubicada la residencia del parlamentario, y también en la localidad de Ybycuí.
En tanto que el tercer casero, Lucio Romero Caballero, dejó de pertenecer al plantel de funcionarios. Estuvo contratado como secretario privado. La investigación fiscal constató que en ningún momento habría estado en la zona del Congreso en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 28 de febrero de 2017, sino la mayor parte en la compañía César Barrientos de Ybycuí; es decir, en la quinta del legislador.
El director general de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Carlos Ortiz, confirmó que efectivamente Franco y Chaparro siguen en la institución como asistentes de Tomás Rivas, y que Romero quedó inactivo.
Manifestó que mientras no exista una sentencia del caso que afrontan ante la Justicia, no pueden ser apartados de sus cargos. “Hasta que ellos no tengan una sentencia firme y ejecutoriada, nosotros no podemos presumir su culpabilidad, entonces, hasta que tengamos una sentencia no podemos desvincularlos”, apuntó Ortiz.
Explicó que ambos se encuentran bajo una regulación diferente. “Ellos se rigen por el Código Laboral y por el Código Civil, no se rigen por la Ley de la Función Pública porque son contratados, entonces el régimen legal aplicable a ellos es diferente a un funcionario permanente”, aclaró.
Los tres acusados afrontan un proceso por estafa y cobro indebido de honorarios, en el caso conocido como caseros de oro, luego de revelarse que figuraban y cobraban como funcionarios de Diputados, sin asistencia, estando en realidad en diferentes propiedades de Rivas. El lunes comenzó el juicio oral.
El diputado colorado también está acusado por cobro indebido de honorarios y estafa, pero hasta ahora no se pudo realizar la audiencia preliminar, donde se decidirá si debe o no ir a juicio oral.
En febrero de este año se iba a iniciar el juzgamiento, pero se había postergado para permitir que si el diputado Rivas iba a juicio oral, se realizara la acumulación del caso, y se hiciera un solo juicio para todos los acusados, pero esto no se pudo concretar.
Salvado. Rivas se mueve en el Congreso con total impunidad, sin haber recibido ninguna sanción por el caso. Fue salvado por los diputados colorados y llanistas cuando fue tratada su pérdida de investidura. Incluso, logró dilatar su desafuero por mucho tiempo y posponer las audiencias mediante chicanas.
Ayer, el caso fue destrabado por un Tribunal de Apelación que admitió una aclaratoria de la defensa del diputado, que a su vez paralizó el proceso.
Hasta que ellos no tengan una sentencia firme y ejecutoriada, nosotros no podemos presumir su culpabilidad. Carlos Ortiz, director de RRHH.