Las repercusiones de la pérdida de investidura de Víctor Bogado fueron inmediatas. No pasó mucho para que la bancada de Honor Colorado sacara a relucir una sentencia que otorgaba la suspensión condicional del procedimiento a Enrique Salyn Buzarquis. Se trata del proceso que enfrentó el liberal por el uso de un certificado de salud de contenido falso para postergar una audiencia en la cual se enfrenta por un supuesto perjuicio de más de USD 600.000 en su gestión al frente del MOPC.
La diferencia con el caso de Víctor Bogado es notoria; El colorado fue condenado por presuntamente ayudar a una funcionaria de su confianza a cobrar un doble sueldo del Estado, mientras que Salyn Buzarquis utilizó un certificado falso para no acudir un día al juzgado. Esto no impidió que los senadores cartistas traten de pasar gato por liebre para obtener, al menos, una venganza. Estuvieron lejos de alcanzar los votos necesarios.
La expulsión de Víctor Bogado del Senado fue un duro golpe para el movimiento Honor Colorado, que en los últimos meses sufrió varias bajas. Desde la divulgación de las llamadas del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, todo fue cuesta abajo para ellos.
Uno de sus más importantes caudillos, Óscar González Daher, pasó a la historia como el primer legislador en ser destituido por sus pares a causa de traficar influencias. Luego le tocó el turno a José María Ibáñez, quien a pesar de salvarse de la pérdida de investidura, terminó renunciando por la ya insoportable presión ciudadana. Ahora fue Víctor Bogado. Era hasta lógico que los colorados cartistas intenten devolver el daño que sufrieron.
El intento desesperado de sacar de su banca a Buzarquis fue una oportunidad para que los senadores que hace apenas unos meses intentaron salvar a Óscar González Daher sentaran postura contra la impunidad. Enrique Riera advirtió que su “lucha contra la corrupción continuará”, a pesar del “corporativismo” reinante en la Cámara Alta.
Sergio Godoy advirtió que la ley debe ser igual para todos los ciudadanos. El movimiento que hoy da cobijo a Javier Zacarías Irún y otros imputados parece haber visto la luz, y juzgando por el tono de los senadores, ellos iniciarán de ahora en más una cruzada contra todo aquel que apañe la corrupción.
Queda por ver entonces qué harán con el diputado Tomás Rivas. El legislador de Paraguarí está imputado por un caso idéntico al de su ex colega José María Ibáñez. Hizo figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que en realidad trabajaban exclusivamente en propiedades de su familia. Este medio publicó reportajes, fotos y videos que lo demuestran. La Fiscalía Anticorrupción confirmó a través de la localización de las señales de sus teléfonos que estas personas ni siquiera se acercaron al Congreso y que no salían de las zonas donde están los negocios e inmuebles del legislador. Rivas respondió con el combo clásico de todo político investigado por la Justicia, Alegó que el caso se trataba de una “persecución” y a la par sus abogados presentaron una batería de chicanas que paralizaron su causa por casi un año.
Cuando por fin resolvieron los incidentes, recusaciones y apelaciones, Rivas decidió ser aún más descarado y planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. A la par recusó a otra jueza. Ayer todas sus pretensiones fueron rechazadas en una clara movida institucional del Poder Judicial.
Hasta ahora el cartismo fue el principal sostén de Rivas para evitar su desafuero, ni siquiera se menciona aún la posibilidad de una pérdida de investidura. De ser coherentes con el reciente discurso de sus principales referentes, los diputados cartistas deberán ser los primeros interesados en desaforarlo. También deberán rever cuál es la postura del movimiento en torno a Javier Zacarías Irún y los demás dirigentes con cuentas en la Justicia.
De ser realmente consecuentes con sus palabras, quizás terminen devorando su propio movimiento.
