La inequidad contrasta con la otra realidad de la ciudadanía que accede a la jubilación luego de aportar 30 años y alcanzar 60 años de edad como máximo.
El proyecto de ley 6112/18 pasa nuevamente al Congreso para aceptar o rechazar el veto. Entre el 2014 y 2017, G. 104 mil millones (USD 18 millones) es lo que el Estado aportó para sostener la Caja de Jubilaciones de los parlamentarios. Esto sin incluir el aporte estatal del 7% de las dietas parlamentarias y gastos de representación, según Hacienda. Esta es la única razón por la cual se sostiene esta Caja.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron el veto parcial señalando que eliminaron los cinco años de aporte. Se excluye a las hijas solteras que tienen derecho a la pensión.
Además, sostienen que el cálculo de la jubilación pasa a ser el promedio de los últimos cinco años y que en la vigente se calcula el último salario.
Desde el Ejecutivo, sostienen que el veto parcial evitará mayores sacrificios, teniendo en cuenta medidas como el incremento del 70 al 90% de la devolución de aportes. Además un menor plazo para la devolución, y la posibilidad de retirar los aportes inclusive cuando los afiliados hayan reunido requisitos para jubilación.
El decreto presidencial establece que ante las prioridades del Estado para atender a los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, y la capacidad financiera restringida del Fisco, es importante que se asignen los recursos de manera responsable, en un marco de equidad fiscal.
Toda modificación normativa en materia de seguridad social debe contar con estudios actuariales que permitan evaluar la sostenibilidad de largo plazo.
El Ejecutivo remarca que el proyecto no tiene un fundamento técnico, además en algunos de los puntos señalados exigirán mayor disponibilidad de liquidez de corto plazo, situación que se contrapone con la naturaleza del régimen.
Propone debatir sobre propuestas integrales que apunten a una solución definitiva, como lo será un proceso de migración a alguna entidad previsional del sistema, como el Instituto de Previsión social o la Caja Fiscal. Este privilegio genera críticas por parte de la ciudadanía que debe sostener este millonario gasto con los impuestos.
