Godoy manifestó que la víctima, en este caso, debe conformarse con la obtención de la libertad. El afectado fue identificado como Julio César Franco Morel (34), quien cumple una condena de 13 años en la cárcel de Misiones. El hombre ya pasó 10 años recluido por error.
“Es muy difícil que se haga un juicio por daño y perjuicio para pedir resarcimiento económico porque será largo y tedioso, de 4 a 5 años. En este caso es una utopía”, puntualizó al respecto.
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Según los datos con los que cuenta la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, el hecho por el que el hombre fue condenado se produjo en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
En Identificaciones se constató que los datos del prontuario no coinciden con el número de cédula de la persona privada de su libertad. Además, las huellas dactilares no concuerdan con la persona que verdaderamente fue condenada.
Por su parte, Franco Morel pidió su libertad y adelantó que no cuenta con recursos para emprender una demanda contra la Justicia que lo llevó a prisión durante 10 años.
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El titular de la Defensoría del Pueblo lamentó que sobrellevar un juicio y solicitar un resarcimiento económico es casi imposible, teniendo en cuenta el nivel económico de los afectados.
Miguel Ángel Godoy informó de otro caso que afecta a una reclusa del Buen Pastor. La misma se encuentra embarazada de ocho meses y está privada de su libertad por una medida de prisión preventiva.
Godoy explicó en contacto con Radio Ñanduti que la ley prohíbe la prisión preventiva en el caso de mujeres embarazadas.