Esta denuncia se retoma a raíz de los hechos de público conocimiento, donde dos familias humildes que perdieron también a sus familiares en trágicos accidentes fueron estafadas por una funcionaria pública y un abogado al momento de percibir las indemnizaciones en la ANDE.
“Teníamos un problema porque un transformador pasaba demasiada electricidad, no regulaba. Ocho días llamé a la ANDE. Muchos perdieron electrodomésticos, pero a nosotros nos tocó la peor parte, falleció un familiar. Mi hijo tenía un año y nueve meses. La electricidad del calefón le corrió muy fuerte. Nosotros no teníamos para pagar un abogado y nos dieron el número de Marcial Ayala, quien nos prometió ayudar. Pasó el tiempo, pero ya no nos atendía, cambió de número, en su local no se encontraba. No sabemos si cobró algo en su momento. Quiero saber qué pasó”, manifestó Juan González Cáceres, padre del menor. Comentó que cinco años estuvo detrás del abogado, pero no tuvo respuestas.
EL CASO. La muerte del menor se produjo en una zona rural conocida como Balanza Cuarta línea, donde la ANDE ofrece el servicio a un grupo de pequeños agricultores. Recuerda el padre de familia que problemas en el trasformador de la empresa estatal hacían que todos los electrodomésticos y equipos en general sufrieran descargas. En un descuido, el menor tocó uno de los electrodomésticos y sufrió una descarga que resultó mortal.
La ANDE habría reconocido la impericia, quedando abierta para una negociación que arribe a un monto acordado entre las partes. Según el jefe de familia, llegó hasta el lugar el abogado Marcial Ayala para iniciar los trámites de rigor, pero nunca tuvo respuestas del profesional.
ABOGADO. Ayala es el abogado de Anadelia Acosta Armoa y de Darío Flores, ambos imputados el pasado 8 de octubre por el cobro irregular de indemnizaciones que debían ser destinadas a dos familias humildes también de Caaguazú.
En contacto con Última Hora negó rotundamente haber llevado adelante las negociaciones con la ANDE. Aseveró que nunca le hizo firmar poder alguno u otro tipo de documentos al padre de familia.
“Yo no hice ninguna gestión. Sí recurrieron a mí, pero no hicimos ningún trámite”, expresó.
Ayala también es el abogado de su colega Darío Flores, abogado que cobró de manera ilegal dos cheques de G. 400 millones cada uno que debían ser destinados a dos familias, pero que solo recibieron G. 45 y 30 millones cada una.
NUEVO CASO. Esta denuncia cobra fuerza debido a que un caso similar tomó estado público despertando la indignación social recientemente.
El 2 de agosto, Antonio Acosta Contrera y Marino Ramírez Casco, dos funcionarios de la ANDE, murieron por electrocución. En el velorio, Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Municipalidad de RI 3 Corrales, recomendó la asistencia legal de Darío Flores a las víctimas. Tras unas diligencias, el abogado cobró los dos cheques de indemnizaciones para las familias por G. 400 millones cada una. Sin embargo, Juana Honorina Casco (madre de Marino Ramírez) solo recibió G. 30 millones y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta, solo G. 45 millones.
