Opinión
Brasil hace una gratuita demostración de fuerza que afecta al Paraguay
El decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifiesta que el Brasil podrá tomar medidas defensivas en el caso de sentirse agredido, incluso cuando se tratare de intereses brasileños asentados fuera de su territorio.
Esa declaración sobrepasa el límite de lo razonable. Es obvio y ni siquiera hace falta un documento público al respecto que cualquier nación que vea apeligrada su soberanía reaccione defensivamente.
Lo que suena claramente como amenaza es que considere como una agresión lo que ocurra con ciudadanos brasileños que viven en el Paraguay. La alusión es a los 300 mil colonos de origen brasileño que ocupan extensas superficies de tierra en los departamentos fronterizos y están expuestos a ser invadidos por sintierras o a sufrir trabas a sus cultivos.
El Brasil debe entender que si sus compatriotas sufren atropellos es el Gobierno paraguayo el que tiene que poner freno a esa situación. En todo caso, puede haber gestiones diplomáticas para superar una situación de esa naturaleza, pero nunca una intervención armada, como se deja entrever en la reglamentación de la Movilización Nacional y la creación del Sistema Nacional de Movilización.
En el decreto del jefe de Estado brasileño hay todavía algo más grave, ya que en su artículo dos afirma que "son parámetros para la calificación de expresión de agresión extranjera, entre otros, amenazas o actos lesivos a la soberanía nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las instituciones nacionales, aun cuando no signifiquen invasión al territorio nacional".
Es cierto que la advertencia va dirigida también a Bolivia y Ecuador -donde intereses brasileños se enfrentan con nuevas reglas de juego-, pero la alusión afecta directamente a nuestro país, que puso en marcha un proyecto para renegociar la hidroeléctrica compartida de Itaipú.
Esta acción no puede ser interpretada de otro modo, la ley habla de que no necesariamente debe haber "invasión territorial". Y es obvio que al pedir un precio justo por la energía, Paraguay ataca intereses brasileños porque pretende recortar sus ganancias exorbitantes. La generalización y la deliberada ambigüedad solo pueden ser leídas como un contraataque a las pretensiones paraguayas.
La Cancillería paraguaya debe sentar una clara posición con respecto al Brasil. Nuestro país no agrede al Brasil cuando pide justicia. Y si ciudadanos de ese país corren el peligro de que sus derechos sean conculcados, existen los mecanismos locales de defensa. Paraguay no amenaza al Brasil. Pero sí -sin fundamento y solo por reiterar una postura imperialista inaceptable en el Mercosur y a esta altura de la historia- el Brasil amenaza a Paraguay.
Con un mensaje de amedrentamiento, en una actitud prepotente que claramente significa advertencia a Paraguay, el Brasil hace una innecesaria demostración de fuerza. Esa actitud revela que más allá de la diplomacia y las declaraciones públicas de afianzar la buena vecindad y el Mercosur, priman los propios intereses.
Esa declaración sobrepasa el límite de lo razonable. Es obvio y ni siquiera hace falta un documento público al respecto que cualquier nación que vea apeligrada su soberanía reaccione defensivamente.
Lo que suena claramente como amenaza es que considere como una agresión lo que ocurra con ciudadanos brasileños que viven en el Paraguay. La alusión es a los 300 mil colonos de origen brasileño que ocupan extensas superficies de tierra en los departamentos fronterizos y están expuestos a ser invadidos por sintierras o a sufrir trabas a sus cultivos.
El Brasil debe entender que si sus compatriotas sufren atropellos es el Gobierno paraguayo el que tiene que poner freno a esa situación. En todo caso, puede haber gestiones diplomáticas para superar una situación de esa naturaleza, pero nunca una intervención armada, como se deja entrever en la reglamentación de la Movilización Nacional y la creación del Sistema Nacional de Movilización.
En el decreto del jefe de Estado brasileño hay todavía algo más grave, ya que en su artículo dos afirma que "son parámetros para la calificación de expresión de agresión extranjera, entre otros, amenazas o actos lesivos a la soberanía nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las instituciones nacionales, aun cuando no signifiquen invasión al territorio nacional".
Es cierto que la advertencia va dirigida también a Bolivia y Ecuador -donde intereses brasileños se enfrentan con nuevas reglas de juego-, pero la alusión afecta directamente a nuestro país, que puso en marcha un proyecto para renegociar la hidroeléctrica compartida de Itaipú.
Esta acción no puede ser interpretada de otro modo, la ley habla de que no necesariamente debe haber "invasión territorial". Y es obvio que al pedir un precio justo por la energía, Paraguay ataca intereses brasileños porque pretende recortar sus ganancias exorbitantes. La generalización y la deliberada ambigüedad solo pueden ser leídas como un contraataque a las pretensiones paraguayas.
La Cancillería paraguaya debe sentar una clara posición con respecto al Brasil. Nuestro país no agrede al Brasil cuando pide justicia. Y si ciudadanos de ese país corren el peligro de que sus derechos sean conculcados, existen los mecanismos locales de defensa. Paraguay no amenaza al Brasil. Pero sí -sin fundamento y solo por reiterar una postura imperialista inaceptable en el Mercosur y a esta altura de la historia- el Brasil amenaza a Paraguay.
Con un mensaje de amedrentamiento, en una actitud prepotente que claramente significa advertencia a Paraguay, el Brasil hace una innecesaria demostración de fuerza. Esa actitud revela que más allá de la diplomacia y las declaraciones públicas de afianzar la buena vecindad y el Mercosur, priman los propios intereses.
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