Suman y siguen los proyectos impulsados por el cartista Basilio Núñez y otro que está a un paso de la sanción automática, el próximo miércoles 18, es la indemnización a estibadores marítimos por el cierre del Puerto de Asunción.
En la iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados ni siquiera se especifica la cantidad ni la lista de los beneficiarios ni de dónde saldrían los fondos.
Hasta el procurador general, Marco Aurelio García, bajó ya línea en contra, y con una jugada de Bachi en comisiones, se logró postergar al filo de la sanción automática.
En el proyecto se plantea el pago único de 20 salarios mínimos por cada beneficiario, y serían más de 60. De acuerdo a estos datos, se obtiene un monto de un poco más de G. 3.200 millones.
Además de Núñez, se hicieron cargo, en la Cámara Baja, Justo Zacarías Irún, Blanca Vargas de Caballero, todos ellos aliados del cartismo y los liberales Rodrigo Blanco y Néstor Ferrer.
Respecto de los beneficiarios, se indica que serán todos aquellos trabajadores que prestaron servicios de estibas y desestibas en el Puerto de Asunción, identificados como Estibadores Marítimos.
Se establece que los mismos, sin citar los posibles beneficiarios deben demostrar esa condición por medio de documentaciones habilitantes expedidas por las autoridades competentes.
En cuanto al trámite, se habla de una solicitud de compensación que se debe realizar de forma individual y personal o por apoderado.
“Los solicitantes deberán presentar ante las autoridades competentes las documentaciones que acrediten su condición de beneficiarios en un plazo no mayor de 12 meses a partir de la promulgación de esta ley”, refiere uno de los articulados del proyecto.
Se agrega que las autoridades competentes tendrán un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presentación del recurrente para poder expedirse.
Respecto al monto de compensación, se estipula que será para cada uno de los beneficiarios por única vez y el equivalente establecido es de 20 salarios mínimos.
En la exposición de motivos solo se menciona que serían más de 60 los estibadores que en promedio tendrían 30 años de trabajo.
Sobre la fuente de financiamiento, se alega que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía deberá prever los créditos dentro del Presupuesto General de la Nación para dar cumplimiento a la ley. Justamente en este momento se está analizando el presupuesto para el 2024.
“Todos los afectados cuentan con muchos años en el ejercicio de su profesión y por la edad que tienen no puede pensarse en lo que se denomina reconversión industrial, tampoco podrán acceder a los beneficios de la jubilación”, se argumenta.
Tira la pelota. En la Comisión de Hacienda del Senado, el procurador había remarcado que teniendo en cuenta las condiciones técnicas del proyecto era difícil un dictamen favorable y le tiró la pelota al Ministerio de Economía y Finanzas.
“En los antecedentes que tuvimos a la vista, no encontramos un análisis de la cuantificación de personas que serían beneficiadas (...) No se prevé la cantidad. Tampoco habla de fuente de financiamiento”, advirtió.
Su preocupación fue que se generen acciones contra el Estado paraguayo, pero insistió en que la última palabra la tendrá el Ministerio de Economía y Finanzas.
