Normalmente cuando nos referimos a nuestra ciudad capital, lo hacemos desde una perspectiva de muchas quejas y sufrimientos en cuanto a las situaciones que nos toca vivir cotidianamente como sus habitantes.
Dichas situaciones problemáticas del día a día son, en definitiva, una consecuencia natural de ciertos problemas estructurales de la ciudad, que exigen cambios verdaderamente profundos si pretendemos contar con una ciudad que brinde una mejor calidad de vida para todos.
Desde ese marco conceptual, organizamos un encuentro desde el Club de Ejecutivos con el intendente de Asunción y su equipo principal de colaboradores. El conversatorio nos ha dejado algunas reflexiones muy interesantes y una, particularmente, tiene que ver con el tema básico de los ingresos de la Comuna.
En números aproximados, el presupuesto anual de la ciudad está en el orden de los USD 200 millones, pero en los últimos años la ejecución estuvo solo en alrededor del 65%, con una ligera mejora acercándose al 75% en el último ejercicio.
Esto significa que, a pesar de ese cálculo teórico del potencial de recaudación a través de las diferentes fuentes de ingresos, en realidad la gestión de cobro municipal tiene tantas deficiencias, que los ingresos reales solo permiten cubrir los salarios dejando poco margen a las tan necesarias inversiones en la ciudad.
Porque, obviamente, la variable de ajuste en los gastos cuando los ingresos no son suficientes, son siempre las inversiones de capital.
En realidad, esto no es ninguna novedad para nadie y si bien podríamos también hablar de una superpoblación de funcionarios, tenemos un problema estructural serio y terriblemente básico al no contar con la tecnología adecuada ni los sistemas modernos para dar un salto significativo en la capacidad de recaudación, dentro de la normativa ya existente y haciendo que todos paguen.
Existen alternativas que apuntan a un camino de solución a través del concurso del sector privado con la incorporación de nuevos sistemas de gestión y tecnología de punta que permita sencillamente depurar lo existente, además dejar menos margen para las maniobras que intentan eludir el pago de los impuestos y tasas.
Hoy hablamos de la posibilidad de que la ciudad contrate por un periodo de tiempo significativo una suerte de consultoría, en donde los entregables sean precisamente la instalación de los nuevos sistemas, quedando siempre a cargo de la administración municipal la operación efectiva del sistema buscando mejorar ostensiblemente la recaudación.
Es decir, no se concesiona ni se terceriza el servicio de recaudación, lo cual está prohibido actualmente por nuestras leyes.
Pero aún mejor, la empresa privada –de vuelta, que no se hace cargo de la administración de cobranzas propiamente dicho– asume el riesgo de generar sus ingresos a partir de mejoras efectivas en la recaudación.
Es decir, la empresa que debe ser seleccionada a través de un proceso transparente y competitivo instala el sistema, lo opera la Municipalidad y la primera cobra en función de aumentos reales de la recaudación si estos ocurren efectivamente. Como tanto al Municipio como al privado les interesa que mejore la recaudación, los incentivos están alineados y el sistema puede generar resultados positivos.
Sin embargo, siempre aparecen las resistencias a dar estos pasos tan necesarios con argumentos variados, pero que finalmente lo que buscan es impedir aquellas innovaciones elementales en sistemas que han quedado sencillamente obsoletos.
Estas resistencias tampoco nos deben sorprender y seguirán ocurriendo sistemáticamente, ya sea porque afectan intereses o porque sencillamente el miedo al cambio muchas veces despierta fantasmas de todo tipo y termina paralizando todo.
Claro que existen riesgos y peligros que hay que tomarlos muy en cuenta en entornos de mucha desconfianza, pero que ello no nos impida avanzar hacia modelos superadores.
Sencillamente, no podemos seguir atrapados en estas inercias que nos impiden avanzar decididamente hacia la modernidad.