La dirigencia stronista organizó el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 con el objetivo de asegurar la continuidad del bloque de poder consolidado durante los 35 años de dictadura, abrir el Paraguay para un mayor saqueo de sus recursos naturales y evitar que las fuerzas democráticas y populares logren el derrocamiento de la tiranía militar fascista. Corruptos militares stronistas, vinculados al narcotráfico, como Andrés Rodríguez y Lino Oviedo, lideraron un proceso de apertura política tutelada.
Con reglas de juego del sistema electoral y judicial stronista, se realizaron las primeras elecciones generales. Posteriormente, en 1992 se desarrolló la Convención Nacional Constituyente, bajo la hegemonía colorada.
La Constitución Nacional de 1992 carece de efectividad porque el cuoteo político fue el criterio de integración de los principales órganos de justicia y control, bajo supremacía colorada, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Fiscalía General del Estado.
El sistema dictatorial no fue desmontado. No se identificó, juzgó ni sancionó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de la apropiación de innumerables bienes
El Partido Colorado no ha hecho un reconocimiento de corresponsabilidad por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura stronista, ni ofrecido disculpas públicas a las víctimas.
De este modo, bajo el manto de una democracia formal, se amplió y profundizó el orden oligárquico-mafioso originado en el stronismo, basado en un modelo económico extractivista y excluyente.
Desde dicho aparato se garantiza la impunidad de los poderosos y se criminalizan las luchas sociales: miles de referentes de organizaciones campesinas, decenas de estudiantes secundarios y universitarios, referentes de organizaciones y de otros sectores sociales han sido y se encuentran siendo imputados penalmente o cumplen arbitrarias condenas por la defensa de los derechos humanos.
