La norma tiene un claro objetivo de apuntalar el frente fiscal, aunque en un contexto social delicado, con una tasa de pobreza que ronda el 40%, la mejora no vendrá por un recorte en los gastos del sector público sino por un aumento en los ingresos.
AHORRO. De acuerdo a los cálculos de la consultora privada Elypsis, la ley de emergencia permitiría un ahorro fiscal de entre el 1 y el 1,9 % del PIB. La ley, según la consultora, “apunta a orientar mayores gastos hacia los sectores más golpeados por la crisis sin deteriorar el resultado primario, clave en la negociación de la deuda”.
Argentina, que se dispone a iniciar una negociación de extensión de plazos de pago de sus deudas con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), necesita mejorar su perfil fiscal de cara a esas conversaciones, en las que los acreedores querrán ver sobre la mesa un plan “consistente” que garantice que el país suramericano podrá honrar sus compromisos.
La ley permite al nuevo Ejecutivo aumentar varios impuestos, como los derechos de exportación y los tributos al patrimonio, crear otros, como la tasa del 30% a la compra de divisas extranjeras y a los gastos y viajes al exterior, y suspender rebajas impositivas que se habían aprobado en 2017.
RECAUDACIÓN. ”Las primeras medidas de la nueva Administración apuntan especialmente a subir la recaudación”, observa Marcelo Capello, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.
Según los cálculos del economista, los cambios tributarios tendrían un impacto positivo sobre la recaudación bruta equivalente a 1,6 puntos del PIB.
El nuevo Gobierno ha dado señales de querer evitar un cese de pagos a la espera de una negociación “amigable” con sus acreedores, y un horizonte que garantice, sino superávit, al menos, un “déficit cero” ayudará para llegar a un acuerdo por la deuda.
