La Cámara de Senadores aprobó ayer en general el proyecto de ley “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género”. Votaron a favor de la iniciativa 35 senadores, una decisión unánime, teniendo en cuenta que los 10 legisladores restantes estuvieron ausentes. No obstante, el estudio en particular de cada artículo fue aplazado por 15 días.
Los senadores decidieron postergar el estudio detallado para hacer algunos ajustes a la propuesta, de modo que esta no colisione con la legislación actual. Además, señalaron que no se contaba con los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación, y afirmaron que estas aprobaciones son muy importantes.
El senador Carlos Filizzola, del Frente Guasu (FG), argumentó a favor de la propuesta. Refirió que la violencia que sufren las mujeres no es un fenómeno nuevo, y aunque la Ley 5777/16 establece qué es violencia, no determina sanciones ni responsabilidades institucionales.
El parlamentario aseveró que en Paraguay aún no se alcanza la igualdad en el goce y ejercicio efectivo de los derechos políticos entre hombres y mujeres, y si bien aumentó la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, estas continúan siendo sobrepasadas.
Ni 20%. De hecho, según la exposición de motivos de la iniciativa, en Paraguay el porcentaje de representación de mujeres no llega ni siquiera al 20%, a pesar de haberse incluido una cuota mínima de mujeres en el Código Electoral sancionado en 1996. Este dato refleja las dificultades que tienen las mujeres para competir y acceder a cargos de representación.
Filizzola afirmó que se necesita una ley específica que asegure mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política hacia las mujeres, con responsabilidades concretas a partidos políticos, a la Justicia Electoral, el Ministerio de la Mujer y otros actores públicos y sociales, como los medios de comunicación.
El senador dijo que las instituciones son fundamentales en el tratamiento adecuado de esta problemática, y urgen definiciones y sanciones claras, aplicables en el ámbito principalmente administrativo y electoral.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, del FG, aseveró que se necesita debatir el tema “para poder deconstruir la violencia normalizada hacia las mujeres”. “Debemos debatir y visibilizar las formas de violencia y los obstáculos reales en el ejercicio de nuestros derechos”, expresó.
Finalmente, la senadora Desirée Masi, del PDP, recordó que la igualdad es una cuestión constitucional, pero hay quienes impiden el cumplimiento de la Carta Magna.
