Uno de los casos que se pudieron destrabar ayer fue el del llamado Caso Audios. Un tribunal de apelaciones confirmó que el proceso abierto por tráfico de influencias contra el ex senador colorado cartista Óscar González Daher, su secretario Raúl Fernández Lippmann y el ex ministro del Interior Carmelo Caballero irá a juicio oral y público, en una fecha a ser fijada. De este modo, uno de los episodios que escandalizaron a la sociedad, al revelar cómo un poderoso legislador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados traficaba con el manejo de la Justicia, se podrá dilucidar por fin.
Igualmente, el juez Yoan Paul López rechazó en la víspera un incidente de nulidad y ratificó la imputación por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa del diputado colorado oficialista Miguel Cuevas, ex presidente de la Cámara Baja, que intentó llevar su caso a su región de Paraguarí, donde presuntamente maneja a la Justicia como un feudo político, lo cual ya no será posible. Tendrá que rendir cuentas ante las acusaciones.
Otro suceso relevante ocurrido ayer en tribunales fue la decisión adoptada por la jueza Alicia Pedrozo, tras una audiencia de imposición de medidas, de que el diputado colorado oficialista Ulises Quintana regrese a guardar reclusión en el penal militar de Viñas Cué, en espera de un juicio oral ante una imputación por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Quintana había logrado salir en libertad bajo la cuestionada resolución de otra jueza, retomado su banca e incluso lanzado su precandidatura a la intendencia municipal de Ciudad del Este. Ayer, a último momento, recusó a la jueza Pedrozo, intentando evitar volver a prisión, pero no tuvo éxito. Ahora su precandidatura queda en cuestión.
Otro hecho significativo ocurrió días antes, cuando la Fiscalía también presentó acusación contra el diputado colorado cartista Tomás Rivas por los delitos de estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios como cómplice, por un caso revelado en una investigación periodística de este diario, en febrero de 2017, mostrando cómo el legislador hacía figurar como empleados del Congreso a tres personas que trabajaban para él en forma particular, a quienes pagaba con dinero público. Tras numerosos intentos de evadir a la Justicia con el respaldo cómplice de sus pares, el legislador también deberá rendir cuentas en un juicio oral y público
Estos y otros casos que al fin tienen luz verde para llegar a etapa de juicio constituyen importantes avances dentro del sistema de Justicia, que deben merecer el respaldo de la ciudadanía –así como merecen críticas cuando existen encubrimientos– para que las autoridades acusadas de delitos puedan ser cada vez menos protegidas y sus acciones ya no queden en la impunidad.
