EFE
“Llegamos tarde”, admitió Steinmeier ante el monumento a las víctimas homosexuales del Tercer Reich, en alusión a la ley aprobada el año pasado, por la que se anularon las condenas impuestas tras la II Guerra Mundial, en base al artículo 175 del Código Penal, endurecido durante el nazismo y no abolido completamente hasta 1994.
El monumento en memoria a ese colectivo perseguido por el régimen de Adolf Hitler fue erigido hace diez años y consiste en un pilar de hormigón de cuatro metros de altura, diseñado por los artistas escandinavos Michael Elmgreen e Ingar Dragset, en cuyo interior se ve un vídeo con dos hombres besándose.
Situado en el céntrico parque berlinés del Tiergarten, el monumento rinde homenaje a los 7.000 gais y lesbianas que se estima murieron en campos de concentración durante el Tercer Reich y a los más de 54.000 que fueron procesados por su orientación sexual por el nazismo, entre 1933 y 1945.
“Como presidente federal es importante para mí decírselo: su país les ha hecho esperar demasiado tiempo”, afirmó Steinmeier, para añadir: “Les pido perdón por ello. Por el dolor y por la injusticia pasados y por el largo silencio que le sucedió”.
El Gobierno de la canciller Angela Merkel aprobó el año pasado una ley por la que se anularon las condenas impuestas desde el fin de la II Guerra Mundial, en virtud del mencionado artículo del Código Penal, que había sido implantado en el XIX y endurecieron los nazis, que fue suavizado en los años 60, pero siguió vigente hasta 1994.
La gran coalición entre el bloque conservador de Merkel y los socialdemócratas impulsó finalmente en 2017 la rehabilitación de esos condenados en base a esa ley.
Se estima que entre 1949 y 1994 hubo alrededor de 64.000 procesos penales en Alemania en base al artículo 175 del Código Penal, en su mayoría hasta finales de la década de los 60, cuando se suavizó esa ley en Alemania occidental, mientras que en la República Democrática Alemana (RDA) quedó completamente abolida en 1968.
El Gobierno de Merkel aprobó el año pasado una indemnización de unos 3.000 euros para cada condenado, además de 1.500 euros por cada año de privación de libertad sufrida, para el total de 5.000 personas afectadas que se estima siguen vivas.
