Lo único cierto es que Nisman, que investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA, fue encontrado en un domicilio con un disparo en la cabeza el 18 de enero pasado, cuatro días después de denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento de los sospechosos iraníes de la agresión que dejó 85 muertos en 1994.
El caso ha llegado ya a las librerías, donde junto a ejemplares sobre los oscuros manejos de los servicios de Inteligencia -estrechamente vinculados con Nisman- se exhibe la primera novela sobre el tema: “El fiscal, una ficción demasiado parecida a la realidad”, de R.S. Pratt, nombre supuesto tras el cual, según la editorial (Emecé), se esconde uno de los mejores escritores argentinos.
En el mundo de la no ficción, después de tres meses de investigación, el enfrentamiento abierto entre la fiscal del caso, Viviana Fein, y la expareja de Nisman y madre de sus dos hijas, la jueza Sandra Arroyo Salgado, lastra la causa.
Fein, que parece desbordada por el caso más importante de su larga carrera, no ha avanzado en aspectos clave, como el examen de los teléfonos de Nisman o las cámaras de seguridad de su edificio, y continúa llamando a declarar, por segunda o tercera vez, a personas relacionadas con el caso.
Perdida en un mar de pistas que no la han llevado a ninguna parte, Fein no puede concretar si Nisman se mató o fue asesinado, tal como sostiene Arroyo Salgado, que ha contratado a un grupo de prestigiosos peritos para avalar su hipótesis del homicidio.
La jueza, que ha fracasado en dos intentos por sacar a Fein de la causa, asegura que Nisman fue asesinado un día antes de lo que indica la investigación oficial.
En el ojo del huracán está Diego Lagomarsino, colaborador informático de Nisman y el único imputado porque le entregó el arma que acabó con su vida, una pistola calibre 22 encontrada junto al cadáver.
Lagomarsino, que inicialmente describió su relación con Nisman como meramente laboral, apareció como cotitular de una cuenta del fiscal en Estados Unidos, compartida con su madre y su hermana, y denunció que su antiguo jefe lo obligaba a entregarle la mitad de su sueldo.
También cuanto menos llamativo ha sido el comportamiento de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, que vació las cajas de seguridad de su hijo en el banco tras su muerte y ocultó a la Justicia la existencia de cuenta alguna en el exterior.
La última sorpresa de Garfunkel saltó esta misma semana, cuando reveló que guardaba en su casa un arma de su hijo, también calibre 22.
Una revelación que derivó en el allanamiento de su vivienda y en unas explosivas declaraciones del locuaz jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a decir: “Si yo hubiera sido fiscal, la hubiera detenido”.
En plena campaña electoral en Argentina, y superado ya el impacto que provocó el caso en la imagen de Cristina Fernández, el Gobierno carga ahora contra el otro gran protagonista del caso: el exjefe de Operaciones de Inteligencia Jaime Stiuso, en paradero desconocido.
Stiuso, estrecho colaborador del fiscal, ha sido denunciado por el Gobierno por ocultar documentación. Su testimonio, y sobre todo la información que maneja, podrían ser claves para avanzar.
Paralelamente, la imagen pública de Nisman se ha deteriorado con la difusión de fotografías junto a jóvenes modelos y de informaciones sobre supuestos manejos irregulares de fondos y contrataciones anómalas en la fiscalía de la AMIA.
Además, su denuncia contra la presidenta por encubrimiento de terroristas, que basaba en el memorándum de entendimiento firmado con Irán de 2013, ha sido desestimada por dos instancia judiciales por falta de pruebas, aunque el fiscal que ha asumido el caso espera una decisión definitiva de la Justicia.
En medio de esta maraña judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, advirtió esta semana que “es momento de tomar definiciones concretas”.
“Nos ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven o terminan en cuestiones subalternas”, lamentó Lorenzetti, convencido de que “el tiempo excesivo termina enredando el proceso”.
Una advertencia que llega con retraso. En el caso Nisman, el proceso está ya enredado.
