Las acciones corresponden a la finca número 81 y 4036 de Jesús y Trinidad. Para el efecto, piden al magistrado que solicite informes vía oficios al Servicio Nacional de Catastro, Dirección General de Registros Públicos, desde el folio cero, historial de las fincas en cuestión a la Escribanía Mayor de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Departamento de Geodesia y Agrimensura, sobre mensuras judiciales.
Esta acción es a fin de que estas reparticiones eleven informes sobre las fincas y el padrón, como así también obtener las copias de los testimonios de inscripción desde el folio cero. “Asimismo si las fracciones descriptas, se encontrarían o no, superpuestas a finca o padrón y los datos si tuviere propietario, si existe registro de su inscripción, planos actualizados y otros datos de interés”, refiere parte del escrito.
Asagrapa señala que la denuncia es a los efectos de ejercer la acción posesoria que en derecho corresponda “o en su debido caso iniciar los trámites administrativos para su verificación y si la misma sería de derechos privados, con el objeto de proceder a solicitar la acción de nulidad y acción autónoma de nulidad del acto jurídico”.
INVESTIGACIÓN. Las tierras denunciadas se encuentran al Sur del Departamento del Alto Paraná, abarcando los municipios de Ñacunday, Santa Rosa del Monday y Domingo Martínez de Irala, y comprende una extensión de 250.000 hectáreas de tierra.
“Hemos hecho un trabajo de investigación para tener la información del origen de todas estas tierras y encontramos que terminada la Guerra del 70, el Estado ha vendido una fracción importante en la zona, que por falta de pago, el Estado anuló esos títulos; sin embargo, el que compró siguió vendiendo las parcelas con base en el título que ya se había anulado”, explicó Tomas Zayas, de Asagrapa y del Foro Social.
El dirigente campesino dijo que están ante un caso de estafa al Estado paraguayo. Asegura que el origen de los títulos existentes sobre esas tierras es nulo y recordó que un delito contra el Estado no prescribe. “Lo que tiene que hacer el juez es enviar oficios a Catastro, Registro General de la Propiedad y otros organismos del Estado pidiendo informe sobre estas tierras que reclamamos”.