Una Justicia ineficiente, deshonesta e incapaz, y ligada a la influencia política, no está preparada para decidir sobre el derecho a la vida, fue la apreciación del abogado Jorge Vasconsellos, quien resaltó que existen muchos aspectos del sistema que deberían cambiar.
El profesional se refirió al proyecto anunciado por el diputado liberal Édgar Ortiz, de habilitar la pena de muerte para casos de secuestro, abuso y feminicidio, y para ello recurrir a una enmienda constitucional, además de que el Paraguay renuncie al Pacto de San José de Costa Rica.
Antes de cuestionar el enorme error de sus asesores, insistió en que existe una conexión de jueces y fiscales con autoridades políticas y que esto puede tener consecuencias. “Te podés imaginar lo que sería dejar en manos de nuestros jueces otorgar el derecho de vida o muerte. Los jueces son seleccionados por el Consejo de la Magistratura, que está integrado por políticos. Son órganos del Estado los que se encargan de seleccionar, nombrar y mantener a los jueces. Es demasiado fácil, demasiado sencillo, que un político levante el teléfono y tuerza la voluntad de la Justicia, ocurre todos los días en nuestro país”, afirmó.
Elección de fiscales. De igual forma, manifestó que es el sistema más antirrepublicano que existe, porque en el nombramiento no participa el ciudadano. Es decir, Vasconsellos se mostró a favor de la elección de jueces y fiscales por voto popular, como se da en los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde presidente de la República y congresistas son elegidos por el pueblo.
“Nos dicen que la Fiscalía ejerce la representación de la sociedad, y es una utopía que ni siquiera se adecua a los parámetros mínimos, porque representa al Estado. Dicen que el juez o el tribunal te juzga en nombre de la nación paraguaya y eso es falso, por eso es que la mayoría de los países latinoamericanos están reexaminando su sistema para poner en vigencia el sistema del juicio por jurado, Argentina es un claro ejemplo. Que sea la sociedad la que juzgue si uno de sus integrantes quebrantó o no una ley, con la participación de un juez técnico. En los sistemas como el norteamericano, canadiense o el español, la sociedad no critica a sus jueces, porque son ellos los responsables de la sentencia. Y un político no va a tener la posibilidad de llamar a 12 miembros del jurado porque no sabe ni quiénes son. Sería como democratizar la Justicia”, recalcó.
Del mismo modo, para el abogado, este sistema podría institucionalizar la República, teniendo en cuenta que hoy, como calificó, el trabajo de un juez es un “acto mágico de carácter secreto”, y quienes ejercen el control de los fallos judiciales son los mismos jueces.
“Si tuviéramos la posibilidad de elegir nosotros a nuestros fiscales como se elige en los Estados Unidos el fiscal de distrito, y otros países, entonces vamos a ser capaces de elegir quiénes van a ser nuestros acusadores y vamos a ser capaces de castigar la próxima vez y no reelegirles”, señaló.
San José. Vasconsellos puntualizó primero que no es posible reincorporar a la Constitución Nacional la pena de muerte por la vía de la enmienda, porque la misma Carta Magna prohíbe que se modifiquen puntos sobre derechos fundamentales de esta manera, por lo que deberá ser por una reforma.
Esto supondrá la salida del Paraguay del sistema interamericano de derechos humanos, que además no es de efecto de inmediato, porque se necesita de al menos un año de preaviso. “Entonces vamos a estar en manos del Estado, no en manos de la sociedad, no vamos a tener la posibilidad de reclamar la protección de nuestro derecho más allá de nuestra frontera”, precisó.
POPULISMO. El abogado puso énfasis en que se trata de un tema muy complejo como para que un diputado pueda elaborarlo.
“Lo grave es que gastan millones de guaraníes en asesores, pero no para que los asesoren, sino para cumplir con una prebenda con un amigo. Contratan personas sin calificación, que lo único que quieren es un sueldo”, lamentó.
Indicó igualmente que es una propuesta irresponsable. “Las propuestas populistas que pretenden ‘solucionar’ el problema de la inseguridad pública son las respuestas que generalmente plantean sectores irresponsables, cada vez que se registran hechos punibles que impactan en la sociedad”, añadió.
Vasconsellos comentó que en países que cuentan con la pena de muerte, como Estados Unidos, no existe reducción de los índices de violencia ni de la cantidad de delincuentes. “El que va a cometer un delito no se sienta a hacer un cálculo pensando en cuánto tiempo va a ir preso o qué castigo le van a dar, el delito se comete sobre la hipótesis de que uno va a salir impune”, explicó.
Igualmente, acotó que los índices de errores judiciales en casos de pena de muerte en los son elevadísimos. “Por eso tienen lo que denominan los corredores de la muerte donde 15 o 20 años pasa el condenado esperando las revisiones para minimizar el margen de riesgo”, agregó.
En la iniciativa de presentar el proyecto, Édgar Ortiz fue apoyado por el diputado de Honor Colorado Basilio Núñez.
Mientras tanto, el colorado independiente Hugo Ramírez trabaja en un proyecto para otorgar a casos de secuestro y abuso de niños cadena perpetua, para lo que también plantea una enmienda constitucional.
