20 abr. 2024

Además de la cárcel, con proyecto pretenden recuperar lo robado

En sesión. Enrique Buzarquis junto a Víctor Ríos, y en frente Carlos Gómez Zelada, en una de las sesiones presenciales.

En sesión. Enrique Buzarquis junto a Víctor Ríos, y en frente Carlos Gómez Zelada, en una de las sesiones presenciales.

Tanto en el Senado como en Diputados están impulsando propuestas legislativas que apuntan a los que están salpicados en hechos de corrupción, malversación de fondos así como lesión de confianza.

Mientras en Diputados se habla de un proyecto de ley que prevé endurecer las penas, en el Senado se pretende recuperar lo robado.

De hecho hay una larga lista de políticos, incluyendo parlamentarios, así como en el Ejecutivo y sus cercanos que están en la mira de la Justicia.

Contados son los casos en que terminan encarcelados, ya que en su mayoría pagan por su libertad, a través de millonarias fianzas, o de lo contrario con eternas chicanas.

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis anuncia que en los próximos días va a presentar un proyecto de ley con relación a los casos de corrupción estatal.

Indica que además de la sanción penal, debe haber una respuesta por parte del responsable de la malversación de los fondos y de la lesión de confianza, a través de sus propios bienes para reparar el daño al patrimonio del Estado.

“Presento en unos días, un proyecto de ley para que en hechos de corrupción, lesión de confianza, malversación de fondos, el o los administradores (el responsable) aparte de la sanción penal, respondan civilmente”, señaló.

A su criterio, es importante porque al final aun con la condena penal, pagan con prisión, pero no devuelven lo robado, y espera el apoyo de sus pares para la aprobación.

Cabe recordar que, con esta pandemia del coronavirus, al día saltan las denuncias sobre compras irregulares de los insumos médicos.

Ya se dieron algunas destituciones como el caso del ex director de la Dinac Édgar Melgarejo, quien no se hizo responsable de los hechos de corrupción que se le acusa.

En el Ministerio de Salud también se dieron algunas renuncias, luego de una serie de denuncias sobre cuestionados manejos en la cartera. El uso de los USD 1.600 millones de la Ley de Emergencia también está en la mira.

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