Se trata de una causa por un litigio caratulado: “Dionicio Garcete Fleitas c/ las firmas Agro Inversora Occidental, La Candelaria SA Agroganadera Occidental SA (Agrosa), Sergio Duarte y Marcelo Decoud s/ interdicto de recobrar la posesión, Expte. N° 52/2019”.
La actuaria judicial remitió un acta al Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en la que detalla las supuestas irregularidades cometidas por varios jueces del Juzgado Multifueros de Mariscal Estigarribia, de la Circunscripción Judicial de Boquerón, por lo cual decidió no firmar ninguna de las providencias o resoluciones promovidas de manera presurosa.
En el acta, la funcionaria judicial solicita a la Superintendencia el estudio de las actuaciones de los jueces Gustavo Martínez, Óscar Gómez, Amado Yuruhan, Blas Cabriza, Digna Gómez y Eduardo Medina.
presión. “Me iban a obligar a firmar la resolución, por eso decidí hacer el acta y elevé a la Superintendencia”, afirmó Giménez, quien indicó que en una ocasión, “el juez Cabriza me dice que el ministro Garay (César Garay Zuccolillo) ya estaba apurado que salga la resolución y que el señor Derlis, del Gabinete, le había enviado la resolución por la que le confirmaba como integrante nuevamente del Tribunal a Óscar Gómez y Amado Yuruhan. Después me volvió a repetir que todos los días le llaman del Gabinete del ministro Garay para apurar el expediente”, remarcó la funcionaria.
irregularidades. Uno de los puntos resaltantes en el escrito que la actuaria judicial remitió a la Superintendencia menciona que “al ser recusados los primeros miembros, se volvió a integrar otro tribunal, por lo que se notificó, quedó firme su competencia y cuando iba a resolver uno de los miembros salió de vacaciones. Como no querían esperar, desde el Gabinete agilizaron la confirmación de los primeros recusados para poder sacar la resolución, a la que faltaba una firma”.
Además, “una vez recibido el cuadernillo de la Corte, saltaron varias partes del proceso, que es sacar la providencia de téngase por devuelto, cúmplase y notifíquese a las partes, pero ordenan al miembro confirmado a firmar la resolución sin notificar a las partes”, explicó Giménez.
En ese sentido, la funcionaria judicial resaltó: “Tengo miedo por mi trabajo, yo solo comuniqué que está mal y por eso no firmé. En este momento todos mis compañeros de trabajo me dicen que cometí el peor error de mi vida y que corre el rumor de que me encuentro sumariada sin goce de sueldo y que se me notificará el 31 de diciembre, para que no pueda recurrir, como castigo por no haber apañado estos hechos que no se ajustan a derecho”.