Tras la liberación de las declaraciones juradas, los medios periodísticos han procesado y divulgado muchas informaciones, revelando de qué manera conocidos políticos han aumentado de manera increíble su patrimonio desde el ejercicio del poder, llegando en algunos casos a un aumento del 1.372% en poco más de una década, sin que exista una manera lógica o matemática de justificar tamaño incremento.
Sin embargo, estos impresionantes enriquecimientos no han llamado la atención de la gran mayoría de los contralores que tenían guardados dichos documentos bajo siete llaves y se negaban a divulgarlos, a pesar de los reiterados pedidos ciudadanos formulados con base en la Ley 5282, de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, hasta que, tras una larga batalla jurídica, la Corte dictaminó que se den a conocer.
Esta superación gradual de la antigua cultura del secretismo, que ha sido instaurada en todos estos años por los políticos y las autoridades envueltas en hechos de corrupción, ha permitido acceder de manera documentada, con cifras y datos bien visibles, a algo que la mayoría de la población ya conocía, mostrando de qué manera –salvo honrosas excepciones– quienes ingresan a la carrera política en el Paraguay no lo hacen como un servicio a la patria y a los ciudadanos, sino como una oportunidad para enriquecerse ilegalmente, con base en el dinero y los recursos públicos.
Ante los escandalosos indicios revelados, se han realizado grandes movilizaciones ciudadanas en la capital y el interior del país, reclamando que la Fiscalía actúe para investigar a quienes aparecen como los casos más emblemáticos de presunto enriquecimiento ilícito; sin embargo, en un principio la institución se llamó a silencio, luego la fiscala Liliana Alcaraz afirmó que la publicación “no es suficiente para actuar de oficio”, hasta que la presión llevó a que la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, convoque a una reunión de trabajo, a la que no fue invitado el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y ex fiscal, René Fernández, quien sostiene que la Fiscalía sí puede y debe actuar de oficio ante los datos revelados en las declaraciones juradas.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha mostrado ningún avance en iniciar una investigación al respecto. Esta renuencia del Ministerio Público a cumplir con su función constitucional se suma a una larga y oscura historia de complicidad con la corrupción por parte de quienes administran el poder y el sistema judicial. La ciudadanía debe mantenerse movilizada para exigir justicia, buscando acabar con la impunidad que protege a los políticos corruptos.
