06 ene. 2026

Abogados solicitan al fiscal general reiniciar las mesas de diálogo

Desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) llevaron una nota al nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, donde denunciaron que los pedidos hechos a la ex titular no tuvieron repuesta. A la par, pidieron que se reactive el diálogo con la sociedad civil y les reciba en audiencia.

En la carta remitida denunciaron que nunca recibieron respuesta a los pedidos que hicieron a la ex fiscala Sandra Quiñónez sobre varios casos, en las “esporádicas” reuniones que tuvieron.

“Pedimos una reunión para reiniciar las mesas de trabajo, porque es importante ese contacto con la gente, con los líderes distritales, que tienen varias denuncias”, explicó ayer Esther Roa, presidenta de la Coapy.

SIN INVESTIGACIÓN. La activista mencionó que se habían presentado años atrás varias denuncias que no tuvieron investigación.

Citó denuncias contra el vicepresidente de la República Hugo Velázquez, en el 2018, y otra más en plena pandemia, cuando saltó el hecho de que usaba los vehículos del Estado para hacer campaña política.

También refirió reclamos contra el ahora candidato a senador Dionisio Amarilla y, por último, mencionó el tema del Metrobús, que puede quedar impune.

“Queremos plantearle al fiscal general del Estado que vea la forma de hablar con el Ejecutivo y que declare la emergencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que analice la viabilidad”, sostuvo Roa.

Esta misma declaración de emergencia lo hicieron los peruanos en forma conjunta con el Poder Ejecutivo y ahora lo que pretende es que se replique en Paraguay.

“Lo que está matando es la corrupción, pero más la impunidad. No vamos a poder salir de eso si seguimos teniendo fiscales sin tecnología, infraestructura, capacitación, sin perito, ¿cómo va a investigar? También nos preocupa la transparencia de la unidad”, mencionó Roa.

Anunció, además, que quieren tener un observatorio también en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, así como se tiene en el Poder Judicial.

“Lo que tengo miedo es que el fiscal general les dé prioridad a personas que no están demostrando la lucha, y que a nosotros nos vea como simples escrachadores, rebeldes y no descubra cómo siendo ciudadanos estamos rastreando hechos de corrupción y estamos urgiendo”, relató la abogada.

Por otro lado, lanzaron como desafío a Rolón que está en sus manos iniciar el camino del diálogo y el compromiso, “salvaguardando la autonomía del Ministerio Público”.

Ahora solo esperan tener una respuesta favorable al pedido.

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