En el escrito presentado por Enrique Kronawetter y Jorge Rolón Luna; el representante legal del funcionario de Seprelad, Daniel Farías, menciona la falta de objetividad a partir de vínculos de fiscales con el denunciante, por lo que considera que deben apartarse.
La defensa señala que el fiscal general del Estado no actuó con objetividad cuando designó a los agentes Jorge Sosa y Elva Cáceres de “manera intempestiva”, tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, quien era el “único que, naturalmente, estaba llevando adelante la investigación”, según el documento.
Por esta razón, afirman que el titular del Ministerio Público “ha demostrado un actuar sesgado en la presente causa, adoptando posiciones que favorecen injustificadamente a una de las partes”.
A la fiscala Elva Cáceres le cuestionan por la aparición de su nombre en los chats filtrados tras el peritaje de los celulares del extinto diputado Eulalio Lalo Gomes, donde se deja ver que estaba vinculada a causas que prometían ser controladas por quien era su jefe, el ex fiscal adjunto Marco Alcaraz, actual titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Sobre el fiscal Sosa advierten que de su declaración jurada de bienes se obtuvo la información de que es deudor en el Banco Basa, entidad bancaria vinculada, precisamente, al denunciante en esta causa, que es el señor Horacio Cartes Jara.
En el pasado fue dueño de dicha entidad bancaria.
Abdo Benítez y sus ex ministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, y los funcionarios públicos Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira fueron denunciados por supuesta revelación de secretos de inducción de un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa y otros delitos.
