El caso guarda relación con publicaciones que denunciaban irregularidades en la gestión de Marta González Ayala al frente de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), durante el Gobierno del ex presidente Horacio Cartes.
“Supongamos que todo lo hecho por la ex viceministra hubiera sido perfectamente legal; de todos modos, debía probarse real malicia para imponer responsabilidades ulteriores (y en un juicio civil, no penal). Wilfrido Peralta desconoce lo elemental en materia de libertad de expresión”, sostuvo Santagada.
Las denuncias presentadas por el medio de comunicación guardan relación con presuntas irregularidades en un contrato para la actualización del sistema tributario.
Durante su gestión, González recibió duras críticas y denuncias por parte de gremios contables, de contribuyentes y de empresarios.
Algunos casos polémicos tienen que ver con la distribución de multas que cobran a los evasores entre los funcionarios de la SET.
“Wilfrido Peralta se acaba de pasar el artículo 13 de la Convención Americana de DDHH por donde no le pega sol. Es un día de luto para la libertad de expresión”, manifestó el letrado.
Sostuvo que la decisión judicial causará un enorme daño a la democracia y que ante casos de presunta corrupción “vamos a tener que callarnos”.
“Este juez Wilfrido Peralta tendrá conciencia del daño que acaba de hacerle a la libertad de expresión y, por ende, a la frágil democracia paraguaya”, añadió.
Santagada afirmó que el fallo judicial “implica que nadie va a poder criticar la función de ningún funcionario público hasta que no haya un pronunciamiento judicial”.
El abogado y defensor de la libertad de expresión, manifestó que la resolución judicial busca amedrentar a los medios de comunicación.
“Las penalizaciones no pueden poner en riesgo la supervivencia del medio. Estos montos altos lo que pretenden es dar un cháke a todos los medios”, sostuvo.
Agregó que los poderes fácticos estarían confabulados para dar un golpe a la democracia.
“Esto no es un hecho aislado, es un complot de ciertos poderes fácticos para empezar a erosionar los cimientos de la democracia paraguaya”, expresó.
El fallo aún no quedó firme y ejecutoriado, por lo que Santagada afirma que esto debe anularse tarde o temprano.
Indicó que “toda opinión sobre interés público es protegido”.