Tuvieron que transcurrir cuatro años para que finalmente pueda llegar a prosperar y concluir el juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, en la Cámara de Senadores. A menos de un mes de cumplir 75 años de edad y de acogerse a la jubilación, como ha ocurrido con otro ministro de la Corte que logró salvarse, Miguel Bajac, los legisladores finalmente decidieron hacer caso a los reclamos de un gran sector de la ciudadanía y someter al ministro Blanco a una expulsión deshonrosa de su alto cargo.
El juicio contra Blanco concluyó con la condena y destitución con los ajustados 30 votos que se precisaban, y que hasta último momento estaban en duda de que se pudieran conseguir. Varios senadores se abstuvieron de votar y otros se retiraron del recinto para no tener que registrar su postura, demostrando que seguían amparando de manera cómplice a uno de los miembros del máximo organismo judicial, contra quien pesaban graves acusaciones de irregularidades y delitos cometidos, como la pérdida de la honorabilidad y la dignidad, los fallos contra la Constitución Nacional y la ciudadanía, la declaración de certeza constitucional, la compraventa de tierras públicas y la ignorancia de la ley, las maniobras para impedir la intervención de la Contraloría, o la liberación del asesino Fabio Ruffatto, cuando apenas cumplía 9 años de cárcel, de los 23 que le habían dado por casos de homicidio.
La expulsión del ministro Sindulfo Blanco es un gesto simbólico importante, pero no tendrá mucha incidencia si no va acompañado de otras acciones más decididas para transformar el corrupto e ineficiente Poder Judicial. Ello significará, por un lado, elegir a un sustituto que tenga buenas condiciones de idoneidad, debida preparación académica, pero sobre todo honestidad y rectitud ética y moral en su trayectoria. Elegir a un nuevo miembro que reúna estos requisitos no hará la diferencia en un cuerpo colegiado que hasta ahora ha sostenido un sistema corrupto y altamente ineficiente, pero no deja de ser un paso valioso.
Queda pendiente el juicio a otro miembro de la Corte también con acusaciones, César Garay Zuccolillo. Para sanear el sistema judicial, por sobre todo, queda pendiente superar el cuoteo político en las designaciones, apostar más decididamente por la idoneidad y la transparencia y no caer de nuevo en lamentables retrocesos, como el actual nuevo copamiento político del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura, cuya presidencia está en manos de los hermanos Enrique y Claudio Bacchetta, referentes del movimiento político oficialista Colorado Añetete, cayendo en la misma práctica que decían querer superar.