A más de dos meses del último día en que se la vio, la investigación fiscal y policial no tiene mayores pistas sobre el paradero de la joven universitaria Teresa Edith Lichi Rivero (20), oriunda de Coronel Martínez, Guairá.
Mientras que el único sospechoso del caso está libre, mediante resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, la pesquisa de la fiscala Mirna Rivas se centra en hallar cualquier tipo de indicio sobre Teresa Edith.
Paralelamente, sus familiares y amigos realizan de manera continuada manifestaciones en repudio a los distintos fallos que favorecieron al sospechoso, el abogado Guillermo Saúl Duarte.
La fiscala Rivas lo imputó por privación ilegítima de libertad luego de detenerlo y encontrar en su poder el chip del teléfono celular de Teresa. La investigación apunta a que el abogado utilizó el chip de la mujer y simuló ser ella en mensajes de texto.
“Cuando sus padres le llamaban y mensajeaban para saber dónde estaba, a ellos les llegaban mensajes de texto del número de Teresa, que decían que ella estaba bien y que estaba en Asunción”, comentó ayer Romina Villalba, una amiga de Teresa.
También contó que, según los datos recabados por la Fiscalía, la última vez que Teresa fue vista fue el 17 de abril pasado, enfrente de la Catedral de Villarrica, ciudad donde estudiaba en la Universidad Católica.
“Seguimos haciendo actividades y manifestaciones. Hoy (por ayer) hicimos una fiesta de San Juan enfrente de la vivienda de Teresa, en Coronel Martínez, para ayudar económicamente a sus padres”, indicó la joven.
RELACIÓN. El abogado Duarte y Teresa Edith mantuvieron una relación sentimental, según los datos de la investigación. Por esto, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que en la desaparición de la joven estudiante de Kinesiología y Fisioterapia habría un trasfondo pasional.
Actualmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analiza una denuncia presentada en contra del juez de Villarrica, Bienvenido González. Este último fue quien primero ordenó la liberación de Duarte, bajo una fianza de G. 300 millones.