El año que se fue será recordado como el que produjo la ruptura de la burbuja macroeconómica en que se encontraba el Paraguay. Tras ser considerado “el milagro” de Sudamérica, nuestro país despertó abruptamente a un cuadro de recesión. Según registros del Banco Central del Paraguay (BCP), la economía paraguaya tuvo desde abril a junio de 2019 el trimestre más complicado de toda la última década. El PIB sufrió una contracción de 3% en el segundo trimestre, respecto al mismo periodo de 2018, y acumuló una caída de 2,5% en el primer semestre. Tras intentar convencer de que solo era “una desaceleración”, las autoridades tuvieron que terminar aceptando de que al final nos encontrábamos ante una crisis económica, al igual que otros países vecinos.
Por ello, la recuperación de la economía será uno de los grandes desafíos para el 2020, y principalmente que sus efectos no solo alcancen a los grandes productores y exportadores, sino que se noten principalmente también en los sectores menos favorecidos. Atender los muchos reclamos sociales y trabajar efectivamente por disminuir la pobreza son algunos de los grandes imperativos.
Aunque la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú será en el 2023, este es el año en el que el Gobierno deberá avanzar en definir su estrategia, con la participación de sectores de la sociedad. Deberá ser uno de los puntos claves en la agenda, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió en el 2019, cuando se reveló que se había firmado un acta bilateral en secreto con el Brasil sobre la compra de energía de Itaipú para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en condiciones que resultaban muy desfavorables para el Paraguay. Esta situación provocó la mayor crisis política para el actual Gobierno, al que se acusó de “entreguista”, con la renuncia obligada de varios miembros del Gabinete y estuvo a punto de someter al presidente Mario Abdo Benítez a un juicio político. Aunque el acta se haya anulado, persiste la desconfianza en la ciudadanía, un elemento que se deberá enfrentar con suficiente transparencia en defender los intereses del Paraguay en términos de conquistar mayor soberanía energética.
Otro de los aspectos cruciales requerirá avanzar en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, garantizando mayor seguridad ciudadana. Quedan varios procesos judiciales que involucran a políticos y personajes poderosos, en donde tanto sectores del Gobierno como de la Fiscalía y de la Justicia tendrán que demostrar que no tienen las manos atadas, ni son cómplices de los delincuentes. A fine del 2019 se aprobaron nuevas leyes para controlar el lavado de dinero y los orígenes del financiamiento político. Ahora llega el momento de aplicarlas y demostrar verdaderos resultados.