La representante de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, fue la encargada de entregar hoy a la Secretaría General la misiva con la que su Gobierno denuncia la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, dando así el paso requerido para pedir la salida del ente.
El Gobierno de Venezuela toma esta decisión sin precedentes después de que el miércoles se aprobara en la OEA la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política del país pese a su oposición frontal a esa sesión.
El chavismo siempre ha sido muy crítico con la OEA, un organismo al que acusa de estar a las órdenes de EE.UU. pese a que, durante los años del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela gozaba de hegemonía política en la región y, por ende, en la organización.
Tras los últimos cambios de Gobierno en países antes afines (Argentina, Brasil), Venezuela se ha visto incapaz de evitar que la OEA aborde su crisis, una mediación que lidera el secretario general del organismo, Luis Almagro, desde hace casi dos años.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles que el presidente, Nicolás Maduro, había dado orden de iniciar el procedimiento de dejar la OEA el jueves, aunque la formalización se aplazó hasta hoy viernes por motivos que se desconocen.
El proceso para pedir dejar el ente, algo que ningún Estado había hecho hasta ahora, comienza con que el Gobierno del país en cuestión presente una comunicación escrita a la Secretaría General en la que se anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.
Así, hasta que transcurran esos dos años, Venezuela seguirá siendo “miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones”, explicó el miércoles a Efe el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8,7 millones de dólares, mientras que este año aún no ha pagado los 1,8 millones que le corresponden en función de criterios socio-económicos.
Pero esas obligaciones no son solo económicas, ya que la Carta de la OEA estipula que los Estados miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, precisamente los elementos que se analizarán en la reunión de cancilleres convocada aún sin fecha.
