Wilson Ferreira
PRESIDENTE FRANCO
Un grupo de vecinos de la ciudad de Presidente Franco, organizados en la Asociación Movimiento Teko Porã Rekávo (Amoter), se presentaron ante la Municipalidad local y se ofrecieron como organización para realizar actividades con el objetivo de asegurar recursos y contratar los servicios de un perito, que debe analizar documentos que fueron arrimados como pruebas en la causa que se les sigue a tres ex intendente municipales denunciados por lesión de confianza.
La respuesta oficial de la institución municipal se dará recién el próximo martes y a partir de allí Amoter determinará qué acciones tomar. La intención es aclarar las denuncias contra los ex intendentes Alcides Fernández, Abrahán Alegre y Blanca Acuña, que corresponde a la administración anterior.
La denuncia fue realizada en febrero del 2016 por el actual intendente municipal franqueño, Roque Godoy, luego de la realización de una auditoría interna, que detectó una serie de irregularidades y un supuesto perjuicio patrimonial de unos 7.000 millones de guaraníes.
Fueron imputados el 28 de marzo pasado y el fiscal de la causa, entonces Hugo Vázquez, pidió seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo, es decir una acusación o sobreseimiento provisional o definitivo.
El plazo vence este 28 de setiembre, por ello la urgencia de los vecinos, que temen que el caso que afecta a la Comuna quede impune.
Vázquez fue recusado y la causa actualmente se tramita en Ciudad del Este, donde luego de una recusación en cadena el expediente fue a parar en la unidad fiscal de la abogada Juliana Jiménez. Los tres ex jefes comunales fueron imputados por la comisión del hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza).
EL PROCESO. Fernández y Alegre están procesados porque supuestamente hicieron pagos y aprobaron obras que no cumplían con los mínimos requisitos en varias instituciones educativas de la zona. Según la investigación fiscal, pese a las irregularidades de igual manera se procedió al pago a las empresas encargadas de llevar adelante los trabajos.
Por su parte, Acuña es investigada por supuesto cobro de cheques de manera irregular en su rol de intendenta.
“En principio la causa estaba a cargo del fiscal Vázquez, quien imputó a los ex intendentes, estos le recusaron antes de que sea trasladado (...). No teníamos acceso al expediente porque no éramos parte, situación que ahora cambia con la querella adhesiva”, indicó la abogada Bartola Fernández, concejala municipal, quien acompaña la querella presentada por el abogado Lulio Gamarra, en representación de la Municipalidad de Presidente Franco, hace un mes.
“Nosotros ahora presentamos pruebas contundentes, como facturas clonadas, falsificaciones de firmas. Ahora se están pidiendo dictámenes periciales. Lo más importante acá es que la ciudadanía sepa lo que está pasando de manera a que cuando crea conveniente y tenga que reaccionar lo haga para exigir justicia”, añadió la edil municipal.
La denuncia
Entre las denuncias se encuentra el uso indebido del dinero público, abultamiento y falsificación de firmas para el cobro de viáticos, obras fantasmas y sobrefacturadas, facturas falsificadas y clonadas, y falta de equipos adquiridos con fondos comunales. También transferencias de fondos a comisiones vecinales, sin documentos.
En cuanto a recursos del Fonacide, según denuncia, se realizaron obras sin cumplir las especificaciones técnicas. Se encontró un empedrado con alcantarillado en barrio San Antonio, por el que se pagó dos veces 131.670.000 guaraníes, y más 60 millones para una revisión técnica que jamás se hizo.
Otro caso es el de una muralla en la escuela Saltos del Monday, donde se pagaron 100 millones, pero no existe. Igualmente, un baño que costó 50 millones y que solamente tiene el lavadero.