La creciente alarma e indignación ciudadana ante la ola de asaltos y ataques cometidos por los asaltantes que operan a bordo de motocicletas, popularmente llamados motochorros, y las constantes críticas ante la inacción de las autoridades, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a implementar un protocolo –que entraría en vigencia en los próximos días– dirigido a los jueces penales de Garantías, a través del cual busca que los delincuentes que caen presos no puedan recuperar rápidamente su libertad a través de medidas sustitutivas.
Una de las críticas más recurrentes que formulan las víctimas y los propios policías es que la mayoría de los motoasaltantes que son capturados son nuevamente dejados en libertad con mucha rapidez por la Justicia.
En ese sentido, el instructivo para jueces de Garantías que implementará la Corte contiene 9 puntos y plantea que, en ningún caso, en los hechos punibles contra la vida o contra la propiedad previstos en varios artículos del Código Penal, el juez “podrá otorgar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión previstas en el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal”.
Dichos artículos se refieren respectivamente a hurto agravado, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda, robo, robo agravado, robo con resultado de muerte o lesión grave y hurto seguido de violencia, los cuales se traducen principalmente en los tipos asaltos que se cometen en la calle por parte de delincuentes a bordo de motos, como los que ocurren en las casas particulares o locales comerciales.
La iniciativa de la Corte Suprema de Justicia es plausible e implica una medida interesante, pero el instrumento jurídico no será suficiente mientras no se combata la gran corrupción que existe en el Poder Judicial, y que llega hasta las más altas instancias.
Otras medidas que están en proceso de estudio, como el proyecto de ley presentado por el diputado Dany Durand, en la que se pide ampliar las penas contra los motoasaltantes a 20 años de cárcel (el actual Código Penal establece penas de hasta 15 años), también pueden ayudar a ejercer una mayor contención desde lo judicial a este flagelo que hoy mantiene en jaque a la ciudadanía, pero tampoco será suficiente mientras exista un sistema judicial corrupto, en donde a magistrados, jueces, fiscales y funcionarios les resulte fácil torcer la ley y favorecer a los infractores.
La facilidad con que muchos delincuentes, desde motoasaltantes hasta capos del narcotráfico, obtienen medidas alternativas de libertad no obedece tanto a la flexibilidad de la legislación, sino a la manera en que magistrados y funcionarios acceden a favorecerlos, a cambio de coimas o sobornos. Para reducir el alto grado de inseguridad que actualmente reclama la ciudadanía, hay que depurar también el sistema de Justicia.
