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Opinión
miércoles 28 de junio de 2017, 02:00

Un nuevo rumbo contra la libertad

Guido Rodríguez Alcalá
Por Guido Rodríguez Alcalá

"Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en este sentido a los medios de comunicación social". Esto dice el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, y conviene recordarlo, porque tenemos autoridades demasiado parlanchinas, que no resisten la tentación de organizar conferencias de prensa para decir lo que la ley les prohíbe decir. En algunos casos son acusaciones no probadas y, en otros, simples mentiras.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra algunos acusados de la quema del Congreso? Las que tuvieron que encontrar, apresuradamente, porque Horacio Cartes decidió que hubiese imputaciones y sanciones. No es que uno quiera negar que se quemó el Congreso, sino que uno quiere tener garantías de que los imputados son los culpables y las tiene.

No está de más recordar algo que debería ser obvio: que la Constitución establece el principio de la separación de los poderes del Estado, y que el Ejecutivo no debe dar órdenes a los otros dos poderes. Por desgracia, esto es lo que pasa, y no sabemos hasta dónde llegarán las intromisiones del Ejecutivo.

La última consigna de Horacio Cartes fue la de imputar a Óscar Acosta y Menchi Barriocanal por haber cubierto la manifestación que terminó en la quema del Congreso (de una parte del Congreso), aunque la mayoría de los manifestantes no fueran incendiarios. Lo peor del caso es que HC no es original: sigue una tendencia que se manifiesta a nivel internacional, y que no promete nada bueno.

Me refiero a la voluntad de restringir la libertad de expresión castigando a quienes denuncian un abuso de las autoridades; quienes lo denuncian pueden ser periodistas o no. En España, una mujer fotografió a un auto de la policía aparcado donde no debía y puso la foto en internet; la descubrieron y le aplicaron una multa de 600 euros. La ley mordaza española prohíbe fotografiar o filmar a los agentes policiales "que cumplen con su deber"; vale decir, prohíbe fotografiarlos cuando cometen una infracción o un delito. En esto no debemos dejarnos guiar por la Madre Patria.

Sin embargo, el premio mayor (para la represión) corresponde a los Estados Unidos, donde dos periodistas, Alexei Wood y Aaron Cantu, pueden ser condenados a más de setenta años de cárcel. ¿Por qué? Por haber cubierto una manifestación en contra de Donald Trump el 20 de enero de este año, en Washington, donde Trump asumió la presidencia. La lógica de la Fiscalía norteamericana es así: si los manifestantes rompieron vidrios, merecen más de setenta años (vale para unas 200 personas arrestadas y maltratadas por la policía).

Este absurdo se ve complementado por otro: los periodistas que filmaron y transmitieron la manifestación merecen la misma pena. Presentando los hechos, se hacen innecesarios los comentarios.