El concejal Julio Ullón señaló que, como primer punto, se determinó analizar la naturaleza jurídica del negocio para redefinir el servicio legal en el rubro del transporte de pasajeros. Al respecto, se estableció realizar el estudio de la legislación comparada con los diferentes países en los que actualmente está operando la plataforma Uber.
Como tercer punto, se fijó la elaboración de un plan de trabajo en forma interinstitucional para darle forma al marco legal. Por último, se resolvió emprender un estudio sobre el impacto económico y social de los taxistas, tras el posible ingreso de las plataformas. Ullón explicó que el objetivo de la redefinición del marco jurídico es adecuar las normas legales pertinentes de cada institución. Las condiciones de trabajo caen en el campo del Ministerio de Trabajo, la tributación e impuestos en el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) se encargará de los requisitos para ofrecer el servicio, así como la protección a los usuarios.
El concejal precisó que también se solicitó el ingreso a la mesa de trabajo de instituciones como la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Senatics), el Instituto de Previsión Social (IPS) y a la empresa paraguaya MUV, la cual ya está realizando el servicio de transporte con un sistema parecido a Uber.
También estuvieron presentes en la reunión funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Hacienda, de la Sedeco y referentes de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Asunción (Asucop), así como directivos del estudio jurídico Zafer, que hizo el registro de la marca en Paraguay.
TAXISTAS. Los taxistas remarcaron que el ingreso de Uber pondrá en riesgo sus puestos laborales, dado que 70.000 familias dependen de los ingresos que generan los trabajadores del volante.
Otro punto reclamado por los conductores del enjambre es el bajo costo del servicio y aseveran que no pagarían impuestos. En otros países Uber ofrece una tarifa hasta 50% más baja en comparación con el servicio de taxi.