EFE
Tras reunirse con las autoridades del estado de Amazonas, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, informó anoche que los principales responsables de la matanza en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim serán identificados y posteriormente transferidos a otras cárceles del país.
“Será muy importante para poder aislar a esas personas que lideraron (la rebelión)”, afirmó el ministro, en declaraciones a medios de comunicación locales.
Moraes recordó que el Gobierno liberó recientemente más de 1.000 millones de reales (unos 304 millones de dólares) para crear nuevas plazas en el sistema de prisiones, el cual sufre graves problemas de hacinamiento.
Tras la masacre en Manaos, el titular de Justicia recalcó que el Gobierno estudia implantar en el menor tiempo posible tres medidas “fundamentales” para contener nuevas rebeliones y que, a su juicio, han sido “ignoradas” en los últimos años en Brasil.
Resaltó la necesidad de instaurar un servicio de inteligencia en los presidios, sugirió un aumento de la inversión para colocar sistemas de bloqueo de teléfonos móviles en el interior de las cárceles y pidió la separación de los presos más peligrosos del resto de reos.
“El dinero liberado en Brasil permitirá la construcción de 20.000 plazas nuevas, las cuales serán destinadas a los presos más peligrosos”, señaló.
Moraes se reunió la noche del lunes con el gobernador de Amazonas, José Melo, con quien analizó la crisis desatada en varias cárceles del estado.
El Comité de Gerencia de Crisis de Seguridad Pública de Amazonas confirmó que 56 presos murieron en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), lo que supuso la segunda mayor matanza de la historia carcelaria de Brasil.
Otras cuatro fueron asesinados en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de Manaos, y hubo rebeliones en otras dos cárceles del estado.
La sublevación en el Compaj, la más grave de las tres que tuvieron lugar, comenzó la tarde del domingo, cuando miembros de Familia do Norte (FDN), que mantienen el control sobre la prisión, iniciaron una disputa con integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), que opera en Sao Paulo.
El motín dejó un reguero de sangre en el presidio, donde decenas de personas fueron brutalmente asesinadas -con descuartizamientos y decapitaciones- y amontonadas en diversas áreas comunes del complejo.
Un total de 184 personas huyeron durante los motines registrados entre el domingo y el lunes, aunque las autoridades consiguieron capturar de nuevo al menos a 40 fugados.
La situación de las cárceles brasileñas ha sido duramente criticada en los últimos años por organismos internacionales y de derechos humanos, los cuales han denunciado la superpoblación carcelaria del país
