Los beneficiados son Luis Fernando Fretes Schinini y José Joaquín Castillo Samaniego, quienes están procesados por la violación de la ley de armas.
El abogado querellante, Federico Campos, se quejó de que era evidente el “tráfico de influencias”, ya que Raúl Fernández Lippman, cuyos audios del Jurado de Enjuiciamiento fueron dados a conocer, hablaba de que iba a visitar a “Luis Fretes, de Protek”. Incluso dijo que recusaría a la fiscala.
La audiencia de imposición de medidas cautelares se realizó ante el juez Riquelme. La fiscala Claudia Penayo se presentó a la audiencia junto con las dos imputados.
CAMBIO. La agente que reemplaza a sus colegas recusados dijo que rectificaba el pedido de prisión hecho por la fiscala Teresa Ruiz Díaz. Requirió calificar el delito como detentación de armas, pero por la tenencia o portación, cuya pena es de hasta 5 años.
Esto, en vez del que prestare armas a terceros sin autorización de la autoridad, cuya pena va de 5 a 10 años de cárcel, como era inicialmente.
Con ello, el hecho pasó de crimen a delito, con lo que los directivos fueron beneficiados con las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Pese a que el Tribunal de Apelación en lo Penal había ratificado la imputación sobre el hecho más grave, el juez Riquelme admitió el cambio de calificación.
El magistrado impuso a Fretes como condiciones la obligación de comparecer del 1 al 5 de cada mes, prohibición de salir del país, del departamento Central y de cambiar de domicilio, a más de no poder salir de su casa entre las 20 y las 6 horas. Además, una caución real de G. 1.500.000.000.
Con respecto a Castillo, tiene las mismas obligaciones, pero con una fianza real por la suma de G. 1.200.000.000.
QUEJAS. El abogado Federico Campos, representante de la querella, recusó a la fiscala Claudia Penayo. Además adelantó que la iba a denunciar ante la Fiscalía General, el Jurado de Enjuiciamiento, a más de ante la Fiscalía ordinaria por prevaricato.
Apuntó que “se había confirmado el tráfico de influencias en la causa”. Esto, haciendo alusión al audio del secretario del JEM, Fernández Lippman, en cuyo audio hablaba de que se iba a encontrar con Luis Fretes de Protek.
“Ahora sabemos para qué se reunió con Fretes”, afirmó ante el cambio de calificación que solicitó la fiscala Penayo.
Según el abogado, la agente no podía pedir el cambio de calificación si la imputación inicial, sostenida por tres fiscales que pidieron la prisión, había sido ratificada por el Tribunal de Apelación Penal.
Investiga crimen de un joven
El caso investiga la muerte del joven Mauricio Benítez, ocurrido el 15 de junio pasado, en la zona de Puerto Botánico, de nuestra capital. Tras una persecución iniciada por dos guardias de la firma Protek, también imputados, uno de ellos disparó contra el joven que falleció. Los dos están con prisión preventiva.
