Ayer, dieciocho transportistas de seis empresas de transporte de pasajeros fueron imputados por adulteración de documentos públicos en los que constaban falsos datos respecto al año de fabricación de buses que componen el parque automotor. Según la investigación, se estima que en total 123 buses presumiblemente irregulares, de un parque de 259 habilitados, recibieron subsidio del Estado para evitar el aumento del costo del pasaje.
Además, el fiscal Yoan Paul López comentó que existen indicios de que dichas constancias también fueron utilizadas por los mismos autores ante el organismo de regulación del transporte público en el área metropolitana, llamado en su momento Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), hoy en día a cargo del Viceministerio de Transporte.
Esto se habría fraguado para solicitar el permiso de circulación, que tiene siete años de duración y puede ser renovado por igual periodo, una vez que se vuelvan a presentar los documentos y títulos de los buses que componen el parte automotor de la empresa beneficiaria y permisionaria.
“Las empresas debían contar con todas las documentaciones respaldatorias sobre el título de dominio de los buses e, inclusive, la inspección técnica vehicular para obtener el subsidio; sin embargo, los empresarios presentaron constancias y certificados falsos”, manifestó el fiscal.
eMPRESAS BENEFICIADAS. Las empresas de transporte público afectadas son la Línea 34 Ciudad de Limpio; la 36 Campos Limpios SA; la 58 Capiatá SRL y las Líneas 203 y 110 Cerro Koi. Asimismo, la Línea 232 Ciudad de Villeta SA y la Línea 454, que explota la empresa 3 de Febrero SA. Estas fueron beneficiadas con el subsidio de transporte así como para el derecho de percepción de subsidios establecido en el Decreto Nº 6630/11 sus modificaciones y el 4145/15.
López señaló que la adulteración de los documentos permitió ganar año de circulación en la vía pública, puesto que los buses más viejos a los veinte años son excluidos de la circulación y se les cancela la habilitación para seguir operando en el área metropolitana, en virtud a la resolución DE N° 255/09.
Los elementos incorporados en la carpeta fiscal señalan que el hecho ilícito se produjo en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en sede de la Setama.
Los delitos investigados son estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones, documentos públicos de contenido falso y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Pena carcelaria. La pena en los casos de estafa puede llegar a 8 años de cárcel, por adquisición fraudulenta de subvenciones hasta 10 años, por producción de documentos públicos de contenido falso hasta 10 años de cárcel.
