De las 424 fiscalías existentes en el país, apenas 19 (4,4 %) son especializadas para la atención de denuncias como la tala de árboles, explotación de bosques declarados especiales y tráfico de rollos, entre otros.
Solo Asunción y Alto Paraná cuentan con tres sedes fiscales, el Chaco con dos y el resto de los departamentos posee apenas una unidad.
Para el director de Inecip, Juan Martens, la falta de agentes y técnicos especializados en delitos ambientales hace que no se pueda perseguir y frenar eficazmente a los deforestadores.
“Encima que ya tienen pocos fiscales, vemos que fiscales actúan con desconocimiento y displicencia. No promueven sus causas de tal manera a evitar la impunidad. Y esto repercute en que cada año tengamos más bosques destruidos”, expresó.
PRESUPUESTO. El fiscal adjunto de Medioambiente, Jorge Sosa, explicó que la cantidad de unidades ambientales depende del presupuesto.
“Me gustaría tener fiscales ambientales en cada ciudad, pero la realidad del presupuesto del Ministerio Público nos dice otra cosa”, apuntó.
“Entonces, lo que hemos optado con la Fiscalía General es tener por lo menos un agente fiscal por departamento. A veces, es cierto, a un solo agente le es imposible cubrir un departamento”, reconoció.
NEGLIGENCIA. El estudio realizado por Inecip examinó el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial entre el 2000 y el 2014, en el que encontró numerosos y absurdos errores procesales que permitieron el avance de la deforestación. La organización denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la fiscala Karina Escurra y al juez Bienvenido González por mal desempeño de sus funciones.