28 mar. 2024

Sojeros no respetan las normativas de protección humana y ambiental

Kilómetros de cultivos de soja sin barreras de protección y cercanos a poblaciones humanas se pueden observar en Caaguazú. El Senave intervino una zona y constató el incumplimiento de las normativas.

Camino.  Un padre de familia y sus hijos, en motocicleta, en un camino de Raúl A. Oviedo.

Camino. Un padre de familia y sus hijos, en motocicleta, en un camino de Raúl A. Oviedo.

Una comitiva del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) constató el incumplimiento de la normativa de protección en la zona del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, del Departamento de Caaguazú.

A raíz de una denuncia, los técnicos de la mencionada institución se trasladaron hasta la zona y especificaron que sobre la calle Dos Maracaná, sobre la que existen cultivos de soja, “se observa la omisión de barreras vivas y franjas de protección frente a las viviendas colindantes y camino vecinal poblado”, según indica el acta de intervención, realizado ayer por la tarde.

Los vecinos del lugar ayudaron a identificar a los posibles dueños de los cultivos en cuestión. Los lugareños dijeron que las plantaciones pertenecen en su mayoría a los menonitas.

César Rivas, director general técnico del Senave, dijo que mediante las denuncias recibidas, un equipo de la institución se trasladó al lugar para realizar el procedimiento.

Lamentó que no se cuenten con recursos suficientes para hacer recorridos permanentemente, debido a que las extensiones de las plantaciones de soja son enormes.

Los datos de los propios gremios sojeros confirman la enorme superficie que ocupan las plantaciones.

La última campaña se extendió a lo largo de 3.324.060 hectáreas en todo el país, según registros de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Rivas inclusive facilitó su número de celular para que todas las personas que quieran denunciar puedan hacerlo: (0981) 509-437. A medida que reciban las denuncias de incumplimiento de las normativas de protección a poblaciones y al medio ambiente, se harán las intervenciones, aseguró el funcionario.

Por su parte, el Ing. Agr. Sergio Almando, quien formó parte del equipo que verificó la zona en Caaguazú, explicó que el procedimiento posterior a la verificación es la instrucción de sumario, para deslindar responsabilidades y sancionar en el caso que amerite. De esta parte, ya se encarga la asesoría jurídica del ente, agregó.

Varios casos. Un equipo periodístico realizó un recorrido en el mencionado distrito caaguaceño. Kilómetros y kilómetros de cultivos de soja sin ningún tipo de protección se pueden observar a lo largo de los caminos vecinales.

Varios de ellos están a escasos metros de modestas viviendas o ranchos con sus respectivos cultivos de autoconsumo, los cuales podrían ser afectados por los agroquímicos. También se observaron plantaciones cercanas a cursos de agua.

Los pobladores más antiguos recuerdan que hace algunas décadas, en el lugar se veía solo bosque. Hoy el paisaje se compone básicamente de una extensa alfombra verde, al menos hasta que llegue el momento de la cosecha. Luego, es tierra roja o algún otro cultivo de rotación.

Ley sobre el uso de agroquímicos

La ley nº 3742/09, “Del control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, indica que en el caso de pulverizaciones aéreas, se deberá informar al Senave 24 horas antes. En este caso, se establece una franja de protección (un espacio abierto) de doscientos metros entre la zona de aplicación y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de concurrencia pública y cursos de agua en general. En los casos de aplicación terrestre, se exige una franja de protección de cien metros entre el área de plantación y los sitios mencionados anteriormente. En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. En caso de no existir dicha barrera viva, se dejará una franja protección de cincuenta metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicidas. La barrera de protección a la que se refiere, son árboles y plantas, entre ellos el ingá y otras especies de follaje denso. Cabe recordar que esta normativa se aplica no solamente para los sojales, sino para todas las plantaciones que requieren del uso de agroquímicos.

El polémico caso en Canindeyú

En el 2014, organizaciones sociales denunciaron la muerte de dos hermanos en el asentamiento Huber Duré, departamento de Canindeyú. Los pobladores aseguraban que los niños fueron intoxicados con agroquímicos utilizados en los sojales. Ambos tuvieron problemas respiratorios y luego fallecieron con poca diferencia de días. La autopsia realizada a los cuerpos descartó que se hayan intoxicado con químicos. No obstante, la duda continuó debido a que en el mismo asentamiento, hubo más de 30 personas que presentaron los mismos síntomas, varios inclusive fueron internados por cuadros respiratorios y gastrointestinales.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.