EFE
El 70 % de las 2.002 personas consultadas en 141 diferentes ciudades del país en diciembre pasado en una encuesta encomendada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) señaló haber adoptado alguna medida preventiva tras el aumento de la sensación de violencia en todo Brasil.
El 80 % de los brasileños sostuvo haber presenciado alguna situación de inseguridad pública en los últimos doce meses y un 81 % aseguró que, ante la creciente criminalidad, mantuvo o pasó a adoptar cuidados o medidas preventivas.
Entre los que afirmaron haber cambiado los hábitos de uso de la ciudad por causa de la violencia, un 53 % evita salir por la noche, un 51 % evita circular por algunos barrios o regiones que considera peligrosas, un 32 % cambió sus trayectos cotidianos, un 12 % se cambió de casa y un 8 % matriculó a sus hijos en otra escuela.
Para reducir el riesgo de asaltos, un 27 % indica que cambió la forma de vestirse, porcentaje que varía entre el 30 % para las mujeres y el 23 % para los hombres.
“Además de afectar la vida de los brasileños, la violencia también le genera costos a las familias. Tres de cada cuatro brasileños dijo haber adoptado alguna medida preventiva costosa, como la contratación de seguros contra robos, la instalación de alarmas o cerraduras en sus residencias o la compra de armas”, según un comunicado divulgado por la patronal industrial.
De los brasileños que dijeron haber presenciado algún acto vinculado a la criminalidad en los últimos doce meses, el 70 % afirmó que vio personas consumiendo drogas, el 50 % a la policía arrestando a alguien, el 32 % un asalto y el 26 % dijo haber sido testigo de un tiroteo.
Cuatro de cada diez familias cuenta con alguna persona que fue robada, asaltada o agredida en los últimos doce meses, porcentaje diez puntos superior al medido en una encuesta similar en 2011.
“La violencia provoca tanto pérdida de calidad de vida como de competitividad. Los trabajadores están con más estrés y, consecuentemente, menos concentrados en su trabajo y menos productivos”, explicó el gerente de estudios sobre competitividad de la patronal, Renato da Fonseca, citado en el comunicado.
“Las empresas desvían recursos de producción hacia actividades de seguridad. Los inversores desisten de invertir en el país. Y, como consecuencia de todo eso, los productos son más caros”, agregó el especialista.
El sondeo reveló igualmente que para la mayoría de los brasileños las iniciativas sociales son más eficaces para reducir la violencia que las represivas pero que, cuando son instados a escoger la mejor medida para combatir la criminalidad, el 85 % cita alguna acción represiva.
“Esa paradoja parece reflejar el hecho de que la población se siente presionada por el aumento de la violencia y deseando que sean adoptadas soluciones urgentes, por lo que termina prefiriendo acciones represivas”, según Da Fonseca.
Entre las acciones represivas que prefieren, un 43 % pidió un mayor combate al tráfico de drogas, un 41 % un aumento del efectivo policial en las calles, un 24 % la elevación de las penas para los delincuentes y el 21 % el combate a la venta ilegal de armas.
El 83 % de la población se dice partidaria de una política de total intolerancia para con todo tipo de infracción.
Para el 82 % el aumento de la violencia obedece a la impunidad en el país, mientras que el 85 % es favorable a que la edad mínima de imputabilidad sea reducida desde 18 hasta 16 años.
