Oviedo Matto se salvó en la sesión extraordinaria realizada ayer miércoles de ser suspendido por 60 días sin goce de dieta. Varios senadores se abstuvieron de votar y no se reunió el número necesario para aprobar su sanción.
Uno de ellos fue el liberal Carlos Amarilla, quien dijo que el caso del oviedista surgió de manera imprevista y repentina. “El caso que nos ocupaba ayer era el de Óscar González Daher”, indicó el parlamentario a la emisora 780 AM.
No obstante, señaló que ante la existencia de nuevos audios filtrados que involucran a Jorge Oviedo Matto, él le recomendó a su colega que renuncie a la representación del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hecho que finalmente sucedió.
Al parlamentario se lo implica en una conversación telefónica dialogando con la fiscala Cassey Giménez, a quien supuestamente le pide que amanezca en un banco para solucionarle todos sus problemas.
Oviedo Matto manifestó al pleno que las acusaciones son infundadas, y que en ningún momento pidió dinero a la fiscala Cassey Giménez.
Además, anunció que presentará una denuncia contra la agente del Ministerio Público y que solicitará que se les realice a ambos la prueba del polígrafo para demostrar quién está mintiendo.
“Reconozco que es mi voz (en el audio), pero esto ya se volvió una persecución, yo no voy a cometer la estupidez de ir a un banco a recibir plata”, aseveró durante su defensa en la sesión de la Cámara Alta.
Para el senador Carlos Amarilla, si existen más evidencias de este hecho, dijo que sin dudar estarían aplicando las sanciones que correspondan, tal cual como lo hicieron con González Daher.
“Debemos obrar aún y, sobre todo con los adversarios políticos, con responsabilidad y sensatez. Yo no quiero ser utilizado en una cacería de brujas. Es absolutamente necesario que tengamos la vocación de limpiar la política de personas inescrupulosas que han usado la función pública para sus intereses”, expresó.
Una serie de conversaciones telefónicas salió a luz para confirmar el tráfico de influencias para la manipulación de la Justicia desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, institución encargada de sancionar y destituir a jueces y fiscales.
