Exigir un examen de competencias a los estudiantes que deseen registrarse como profesionales y que provengan del cuestionado Instituto Ciencias de la Salud Latinoamericano, es una de las estrategias que propone la dirección de Control de Profesiones del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Esta alternativa plantea la directora de Control de Profesiones del MSP, Marta Gamarra, luego de darse a conocer el amparo judicial otorgado a favor de la entidad educativa privada y que obliga al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a registrar unos 800 títulos, pese a las numerosas irregularidades detectadas en el lugar.
“Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias antes de registrar los títulos si es que llegan con el sello de la cartera educativa. Caso contrario, tendrán que obligarnos también”, expresó la funcionaria sobre la medida del Poder Judicial.
Carga horaria insuficiente con clases una vez por semana (sábados), inscripción a alumnos que todavía no terminaron la secundaria, carreras sanitarias que no están reconocidas por el MSP son algunas de las inconsistencias halladas en la casa de estudios, que fueron denunciadas por los mismos estudiantes.
La funcionaria del MSP expresó que muchos de los que estudian en estos centros son técnicos de salud, algunos que incluso trabajan en dependencias sanitarias con su título de pregrado y luego buscan carreras de grado que sean flexibles en el horario. “Tienen también responsabilidad porque sabemos que para ser enfermero no se puede estudiar solo los fines de semana”, agregó.
restricción. Desde febrero del año pasado pesaba una medida cautelar que prohibía registrar los títulos del Latinoamericano en el MEC, precisamente por estas irregularidades y ante la negativa de parte de las autoridades del centro de someterse a una intervención. Pero el viernes pasado el juez Hugo Sosa Pasmor dispuso una medida judicial que obliga a la cartera educativa a registrar en total a más de 800 cartones.
Mientras, el Ministerio prepara recurrir ante la Justicia nuevamente para revocar esta decisión, como explicó el viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez.
“Vamos a lanzar al mercado 800 títulos sobre los cuales el Estado no puede garantizar que estén en condiciones, pero es la decisión del juez y la vamos a acatar”, lamentó el funcionario de Educación.
La entidad estatal reiteró ante el juzgado su intención de rechazar el registro de títulos ante las irregularidades.