Señala en su denuncia que el Estado paraguayo tiene la obligación de respetar los derechos y que se violaron las garantías procesales y de protección judicial.
El abogado Secundino Méndez, en representación de Delvalle, alega que la investigación fue por tráfico internacional de cocaína, pero termina con tráfico de marihuana.
Remarca varias irregularidades, tales como la detención ilegítima en pleno centro de Asunción en noviembre del 2010, pero luego fue presentado como que fue en Villa Hayes, con una carga de 2.100 kilos de marihuana.
También alega que fue condenado a raíz de declaraciones de “informantes” que nunca comparecieron en el juicio y ni siquiera se sabe su identidad.
Habla además de investigaciones secretas sin orden judicial, la introducción de pruebas ilegales en el juicio oral, y que las resoluciones que le condenaron a 15 años de cárcel son producto de las actuaciones ilegales.
Alega que fue condenado en juicio oral, lo que fue ratificado en segunda instancia y en la misma Corte Suprema, el 30 de diciembre del 2015.
Ataca la figura del informante y su invalidez como prueba a ser utilizada en el juicio oral. Acompaña pruebas y luego pide que se investigue por la CIDH.
Como solución se solicita la reposición de las garantías procesales y derechos humanos violados, además de una compensación económica.
